Buscan diputados proteger a denunciantes y testigos de corrupción
En sesión de diputación permanente, los legisladores del estado proponen que se implementen medidas de protección para las personas que denuncien y sean testigos de hechos de corrupción o “whistleblowing” por su término en inglés.
Se trata de una iniciativa presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Yolytzín Rodríguez, quien en su exposición de motivos y riesgos, señala que los denunciantes pueden enfrentar represalias como despidos, acoso, demandas judiciales, o daños a su reputación al momento de buscar corregir malas prácticas.
“El término "whistleblowing" se refiere a la acción de informar sobre actividades ilegales, inapropiadas o poco éticas dentro de una organización práctica ha sido reconocida y regulada en muchos sistemas jurídicos alrededor del mundo debido a su importancia para la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción”
Entre los detalles, el documento presentado por Rodríguez Sendejas, explica que esta ley buscará que las medidas de protección puedan extenderse a familiares del denunciante hasta tercer grado por consanguinidad o parientes por afinidad, así como a las personas con las que tenga lazos de amistad o relación estrecha.
Además, es la diputada quien sostiene que se trata de una medida necesaria para garantizar seguridad a quienes deciden alzar la voz, fomentando una cultura de transparencia, asegura.
“Sin una protección adecuada, los individuos que presencian actos de corrupción pueden sentirse intimidados y optar por el silencio. La implementación de una ley de protección a denunciantes y testigos proporciona un marco legal que garantiza la seguridad de aquellos que deciden alzar la voz contra la corrupción. esto a su vez, incentiva por supuesto a más ciudadanos a denunciar conductas ilícitas, creando una cultura de transparencia y de responsabilidad”
En caso de que las medidas de protección se decreten para un declarante que sea un servidor público, se contempla:
- Reserva de datos personales;
- Protección policial;
- Cambio de dependencia o área administrativa;
- Traslado a su centro de trabajo;
- Utilización de procedimientos, mecanismos o tecnologías que eviten la participación física del sujeto de protección en las diligencias;
- Atención psicológica;
Aunado a ello, la iniciativa también contempla el supuesto de que el sujeto de protección se encuentre privado de la libertad, por lo que se le requerirá que el titular del centro de reclusión garantice la integridad del declarante.
En caso de ser aprobada, la ley entrará en vigor el 01 enero del año 2025.
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