Defiende secretario de seguridad ley contra halconeo
Pese a que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes otorgó una suspensión definitiva contra la aprobación y entrada en vigor de la ley que establece el delito conocido como “halconeo” en la entidad, el secretario de seguridad pública estatal, Manuel Alonso García, sale en defensa de dicha iniciativa y resalta su importancia a partir de la implementación de esta actividad por parte de grupos delictivos.
“La logística criminal que utilizan los delincuentes, sobre todo grupos de alto impacto, es el tema de tener siempre a estas personas que son los que están monitoreando y son los que coloquialmente se les conoce como halcones, quienes sí impactan. En el tema de seguridad de los propios elementos, de las propias instituciones, esta actividad que están llevando a cabo y queremos que se pueda tipificar como delito, como también a la efectividad de las propias instituciones de seguridad, y ustedes saben que es un esquema que fortalece mucho a estos grupos del crimen” subrayó.
Y aunque esta medida también ha sido criticada por colectivos y periodistas, al considerar que atenta contra el derecho de la libertad de expresión y acceso a la información, el funcionario sostiene que esta se ha perfeccionado para no atentar contra dichas garantías, ni ser echada abajo como ha sucedido en otros estados.
“Lo que buscamos no es que se violenten las garantías y perfeccionar este tipo de iniciativas tomando en cuenta lo que en otras reformas pudo haber fallado porque sí es un tema que tenemos que atender, es algo que lacera el tema de la seguridad y que pone en riesgo siempre la operación de las instituciones de seguridad porque prácticamente ya te están esperando y la efectividad de las instituciones puede ser fallida o de alto riesgo por la existencia de estas personas llevando a cabo estas actividades” agregó.
En su momento, esta iniciativa fue promovida por la gobernadora Tere Jiménez argumentando el impacto en la seguridad ciudadana a partir de la violencia social en México y un estudio entre legislaciones de diferentes estados y países, todo esto respaldado por la consejería jurídica del ejecutivo estatal.