Estado implementa medidas justificadas ante posible eliminación de prisión preventiva oficiosa

Ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimine la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el país, lo cual advierte a federación que dejaría en libertad a más de 60 mil procesados por delitos graves, desde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes aseguran estar tomando medidas preventivas desde hace más de un año. 

Es por ello que el fiscal, Jesús Figueroa Ortega, sostiene haber solicitado a los vicefiscales trabajar con la prisión preventiva justificada, y agrega que aún se busca el cambio de medida para alrededor de 150 casos que están bajo la prisión preventiva oficiosa en el estado.

“Nosotros tenemos ya más de un año trabajando con la prisión preventiva justificada; nos estamos preparando a que puede ser que no tengamos prisión preventiva oficiosa. Los jueces no estamos aplicando prisión preventiva oficiosa. Tenemos aproximadamente 150 casos de personas sujetas a la prisión preventiva oficiosa” informó.

El fiscal explica que actualmente existen dos jurisprudencias con criterios encontrados entre el norte y sur del país, por lo que, junto a la Fiscalía General de la República, menciona que fiscalías de diversas entidades han solicitado a la SCJN resolver a favor de la supremacía constitucional y conservar la figura de prisión preventiva oficiosa.

“Nosotros consideramos que mientras esté en la constitución una lista de delitos de prisión preventiva oficiosa, se debe de seguir ese criterio, independientemente de la postura que haya fijado la corte interamericana de derechos humanos” postuló el fiscal.

De acuerdo con el Artículo 19 constitucional, se aplica de forma automática medidas de prisión preventiva oficiosa las personas ejecutoras de delitos como homicidio; secuestro; feminicidio; violación; delitos contra la salud como narcotráfico y narcomenudeo; portación de armas y explosivos; pederastia, abuso infantil y corrupción de menores; y delincuencia organizada. 

Al aplicar la prisión preventiva justificada, como su nombre lo señala, los jueces e impartidores de justicia deben de justificar de forma escrita el porqué los presuntos culpables deben permanecer en resguardo.

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