Poder Judicial de la Federación sale en defensa de jueza de Aguascalientes por caso del pepenador "levantado"
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sale en defensa de la jueza de Distrito en Aguascalientes Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, señalada por el subsecretario de Seguridad federal Luis Rodríguez Bucio de ser favorecida por el ministra presidenta Norma Piña al desechar una queja en su contra.
En una tarjeta informativa el CJF subraya que no hay pruebas suficientes para iniciar una investigación contra Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, jueza de Distrito en Aguascalientes, después de que el funcionario federal la acusara de actuar parcialmente.
Según el comunicado emitido por el CJF, se proporcionaron antecedentes sobre el caso. En relación a la desaparición de José Francisco Espinoza Huerta, ocurrida el 6 de diciembre de 2018 en Aguascalientes, supuestamente a manos de elementos de la Policía Ministerial de esa entidad, se iniciaron las investigaciones correspondientes por el delito de desaparición forzada.
En el transcurso de las investigaciones, cuatro elementos de la mencionada corporación fueron vinculados a proceso en la causa penal 09/2019, que se encuentra actualmente en etapa de juicio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes.
María Auxilio Rojas Gamón, esposa del pepenador desaparecido, presentó una queja en la que acusaba a la jueza de abuso de funciones y parcialidad a favor de la defensa de los imputados, alegando que obstaculizaba el desarrollo de los medios de prueba y que no estuvo presente físicamente durante la audiencia. Sin embargo, la única evidencia adjuntada a su denuncia fue una copia de su credencial de elector.
En base a esto, la ministra Norma Piña Hernández, presidenta del CJF, y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria Ejecutiva de Disciplina, determinaron que la queja debía ser desechada debido a la falta de pruebas suficientes proporcionadas por la denunciante para iniciar una investigación.
La decisión de desechar la queja se basa en lo establecido en los artículos 130, 132 y 137, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del CJF, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. Estos artículos establecen que las quejas o denuncias, incluyendo las anónimas, deben ir acompañadas de pruebas suficientes para determinar la existencia de la falta administrativa y la presunta responsabilidad del servidor público en su comisión. En caso contrario, se desechan de inmediato.