Vecinos de La Ribera tenían meses exigiendo más seguridad
Desde el 7 de enero de este año, vecinos de La Ribera en el municipio de San Francisco de los Romo presentaron al Gobierno del Estado una serie de acciones para atender las problemáticas sociales que aquejan dicho fraccionamiento. En aquella ocasión, las solicitudes se dieron durante la presentación del programa 4X4 vecino vigilante, en el cual, múltiples instancias de la autoridad estatal, como los institutos y secretarías de salud, seguridad, familia, mujer, obras públicas, entre otras, se comprometían a trabajar en pro de disminuir la incidencia delictiva en el lugar.
Dentro de las peticiones, adicional a una mejora en los servicios públicos, mayor infraestructura urbana y cámaras de seguridad, se pedía expresamente prestar atención a picaderos y la crisis de adicciones en el lugar.
“Regular a los paracaidistas que ya habitan las casas abandonadas y utilizarlas para consumir drogas o delinquir en nuestra comunidad. Trabajar con el programa de prevención a las adicciones, pues aquí en el Fraccionamiento La Ribera vivimos esa problemática. Que menos jóvenes se droguen, y menos niños vean estos ejemplos y caigan en la drogadicción, que tengan una mejor vida social y laboral” solicitaban.
Al respecto, y tras presumir que este programa ya había dado resultados durante su gestión como alcaldesa en la capital, la gobernadora Tere Jiménez le prometió a los vecinos alcanzar la paz.
“Voy a estar viniendo, no crean que vengo ahorita y no regreso, no, aquí voy a estar hasta que logremos que La Ribera sea un espacio donde ustedes, en las noches, en la mañana o a la hora que sea, puedan salir en paz, porque no hay nada como vivir en paz, con tranquilidad” declaró.
Sin embargo, este viernes 24 de marzo La Ribera despertó con 5 ejecutados, 3 mujeres y 2 hombres, y 4 de ellos en el mismo lugar, un sitio identificado como "picadero". De acuerdo con el secretario de seguridad pública estatal, Manuel Alonso García, ya se había identificado al lugar como un foco rojo, pero ante la falta de una orden de cateo, no se hizo algo al respecto.
“Los primeros datos que tenemos es que esas personas tienen antecedentes por la venta de drogas, consumo de drogas y otro tipo de faltas administrativas. Además, este lugar donde son privadas de la vida, es un lugar del que se sabe que siempre había personas intoxicandose y nosotros comúnmente identificamos como picaderos y aparte era una casa que estaba invadida, son personas que ahí se refugiaban, consumían droga, y ahí fue donde les privaron la vida” informó.
Durante 2023, de acuerdo a estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se acumulan 21 ejecuciones, 5 en enero, 7 en febrero y 8 en lo que va de marzo, un incremento del 50% en comparación al mismo periodo durante el año anterior.