Veta gobernadora reforma del impuesto del 2 por ciento a plataformas de reparto
Llega al Congreso del Estado la notificación oficial del “veto total” por parte de la gobernadora Tere Jiménez al decreto 404 del Poder Legislativo, que se trata de la reforma recién aprobada por el Congreso del Estado a la Ley de Hacienda y al Código Fiscal, que creaba un impuesto del 2 por ciento a las plataformas digitales de entregas de paquetes, así como de alimentos, bajo el argumento del uso y/o explotación de la infraestructura pública del Estado.
En el documento oficial, se señala que, tras la recepción del decreto por parte de la Secretaría General de Gobierno, se llevó a cabo un análisis jurídico y de viabilidad, y ahí se determinó que no se llevaron a cabo los estudios técnicos necesarios para evaluar de manera integral el impacto económico de dichas medidas, sobre todo en sectores estratégicos vinculados a la innovación tecnológica, el comercio digital y la prestación de servicios mediante plataformas electrónicas.
También se hace énfasis en la carencia de un análisis costo-beneficio que permita dimensionar si el cobro del impuesto del 2 por ciento resulta proporcional, viable y sostenible para los agentes económicos involucrados.
Al continuar con su explicación sobre el veto total del decreto, la mandataria Tere Jiménez también señala que en el contexto actual que vive el país, es incluso estratégico, el fortalecer los lazos de colaboración con el sector empresarial, con tal de lograr el máximo crecimiento económico de la entidad para beneficiar a sus habitantes.
Pero también señala que, según los análisis practicados por el Ejecutivo, no hubo dialogo con las partes involucradas y que podrían salir afectadas por esta medida, por lo que hace un llamado a que en lo subsecuente, se tiendan puentes, no solo para el diálogo e intercambio de ideas, sino para que se presente a todas las partes, la evidencia técnica y de ahí surja una visión compartida de desarrollo sostenible, que genere certidumbre, competitividad y confianza para la inversión.
Y la mandataria va más allá, al subrayar -en su documento- que la creación de nuevas cargas impositivas sin el debido sustento técnico, pueden generar resultados adversos; como el incremento de costos operativos, la reducción de inversión y la eventual migración de actividades económicas hacia otras entidades que ofrezcan mejores marcos regulatorios.
Y la lista de inconvenientes planteados por la mandataria crece, desde la disminución en el gasto del consumidor, el incentivar la informalidad y disminuir la creación de empleos flexibles que inherentemente están vinculados a este tipo de plataformas digitales.
El documento viene signado por la gobernadora Tere Jiménez, el secretario General de Gobierno, Antonio Arámbula y el consejero jurídico, Eduardo Aguilar Sierra.
Cuestionada al respecto, la diputada coordinadora de la bancada mayoritaria, la panista Alma Hilda Medina, asevera que son respetuosos de las decisiones del Ejecutivo y que este decreto, que fue dialogado y explicado a los involucrados, en este caso de la CANACO, que serían los que tendrían que pagar el aprovechamiento, tras el veto total, ya será archivado.