Acusa Estados Unidos a supuesto grupo de supremacistas blancos de intentar incitar una guerra racial

Fiscales de Estados Unidos presentaron cargos criminales contra dos presuntos líderes de una pandilla de supremacistas blancos, acusados de solicitar ataques violentos contra personas negras, judías, LGBTQ y migrantes, con el objetivo de provocar una guerra racial. Los acusados, Dallas Humber, de 34 años, residente de Elk Grove, California, y Matthew Allison, de 37 años, de Boise, Idaho, enfrentan 15 cargos cada uno, entre ellos delitos de odio y apoyo material al terrorismo.

El grupo, conocido como "The Terrorgram Collective", utilizó la red social Telegram para promover ataques de supremacía blanca y convocar a la violencia racial. Según la acusación presentada en un tribunal federal en Sacramento, California, Humber y Allison alentaron ataques contra minorías y celebraron incidentes similares ocurridos en otras partes del mundo.

Los fiscales señalaron que el grupo también tenía en la mira a funcionarios del gobierno estadounidense y sitios de infraestructura crítica, con el objetivo de desestabilizar al país y provocar un colapso social. Entre los objetivos figuraban un senador en funciones y un juez federal, quienes eran considerados "enemigos" de la causa supremacista.

Kristen Clarke, directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, destacó que las autoridades federales están ajustando sus estrategias para enfrentar este tipo de amenazas de odio y extremismo violento. "Ya sea que se cometan en nuestras calles o a través de plataformas en línea, seguiremos los hechos hasta donde nos lleven y utilizaremos todas las herramientas disponibles para hacer que los perpetradores de odio rindan cuentas", afirmó Clarke durante una conferencia de prensa.

Humber y Allison, quienes ya se encuentran detenidos, también colaboraron en la creación de un documento que justificaba la ideología del grupo y proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo ataques terroristas, incluyendo la fabricación de bombas. Aunque aún no se ha confirmado si los acusados cuentan con representación legal, las autoridades continúan investigando la red de contactos y las actividades del grupo.

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