Avanza ley en Venezuela para regular operación y financiamiento de las ONG; activistas dicen que amenaza libertad de expresión
La Asamblea Nacional de Venezuela, con una mayoría oficialista, aprobó este jueves en segunda discusión una ley que busca regular las operaciones y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Los activistas de derechos humanos han manifestado su preocupación, calificando la medida como una amenaza al derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública. La ley únicamente necesita ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro para entrar en vigor.
La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines fue aprobada por unanimidad, tras más de un año de debate y críticas por parte de opositores políticos y organizaciones locales e internacionales defensoras de derechos humanos. El nuevo marco legal, que consta de 39 artículos, entrará en vigencia una vez publicada en la Gaceta Oficial.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha señalado que uno de los artículos más controvertidos de la ley prohíbe que las ONG utilicen donaciones o financiamientos externos para actividades que "alteren el orden público". De violarse esta norma, las organizaciones podrían ser disueltas y sus directivos enfrentarse a cargos civiles y penales, bajo acusaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades venezolanas a no aprobar leyes que "socaven el espacio cívico y democrático en el país". Sin embargo, el oficialismo asegura que la ley busca regular instancias que, según ellos, actúan al servicio de intereses extranjeros, como Estados Unidos.
Las ONG tendrán que registrarse en un sistema nacional y proporcionar detalles sobre sus fondos y su uso, una medida que el legislador Diosdado Cabello, uno de los principales promotores de la ley, considera necesaria para evitar que estas organizaciones financien actividades que califica como "terrorismo" y "desestabilización".
La aprobación de la ley se produjo poco después de que el gobierno de Maduro ordenara un bloqueo de 10 días al acceso a la red social X (antes Twitter), en medio de acusaciones de que la plataforma se utilizó para generar inestabilidad política tras las recientes elecciones presidenciales.
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