Bolivia ordena captura de Evo Morales por presunto terrorismo y alzamiento armado
La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y, de acuerdo con información confirmada a EFE por una persona cercana al exmandatario, también contempla acusaciones por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las movilizaciones se prolongaron durante siete semanas, entre mayo y junio, y fueron protagonizadas principalmente por campesinos de La Paz y sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), con respaldo de grupos afines a Morales.
Los manifestantes bloquearon carreteras, principalmente en el occidente y centro del país, para exigir la salida de Rodrigo Paz de la Presidencia, bajo el argumento de que esa era su “única demanda”.
Los cortes de carreteras provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades bolivianas.
De acuerdo con las autoridades, las movilizaciones dejaron al menos 16 personas fallecidas, 13 de ellas debido a la falta de atención médica oportuna provocada por los bloqueos de las vías. Además, las protestas generaron pérdidas económicas estimadas en más de 3 mil millones de dólares.
La denuncia contra los responsables de las movilizaciones fue presentada a principios de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y uno de los principales motores económicos de Bolivia. Posteriormente se sumó a la acción legal el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La investigación también contempla al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y a Vicente Salazar, principal líder de los campesinos de La Paz, quien permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con los mismos acontecimientos.
Tras conocer la nueva orden de captura, Evo Morales reaccionó mediante una publicación en la red social X, donde acusó al gobierno de Rodrigo Paz de utilizar las acusaciones para desviar la atención de la crisis que enfrenta el país.
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026
El exmandatario aseguró que Bolivia atraviesa una “profunda crisis económica y social” y calificó las acciones judiciales en su contra como parte de una persecución política.
Morales sostuvo que las movilizaciones no tenían como objetivo promover la renuncia del presidente, sino exigir respuestas a las demandas de los sectores que participaron en las protestas.
Sin embargo, el 24 de mayo publicó en X que Rodrigo Paz tenía solamente “dos caminos” ante el conflicto: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
Después de alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el gobierno de Paz decretó el 20 de junio un estado de excepción con el objetivo de retirar los bloqueos.
Policías y militares fueron desplegados en distintos tramos carreteros para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.
La nueva orden se suma a otro proceso judicial que mantiene a Evo Morales refugiado desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.
El exmandatario permanece en la región acompañado y protegido por cientos de seguidores, quienes buscan impedir que las autoridades ejecuten una orden de captura relacionada con una investigación por presunta trata agravada de personas.
En ese expediente, Morales es acusado de haber mantenido presuntamente una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija mientras ejercía la Presidencia en 2016.
En mayo pasado, un tribunal de la región de Tarija declaró al exmandatario en rebeldía y emitió una nueva orden de captura después de que no se presentara al inicio del juicio por este caso. La Policía boliviana ha señalado que espera las condiciones adecuadas para ejecutar dicha orden.
Con el nuevo mandamiento judicial por los hechos ocurridos durante los bloqueos, Evo Morales enfrenta así dos órdenes de captura vigentes vinculadas con distintos procesos, mientras permanece en su bastión político en el centro del país.
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