Bukele firma reforma sobre cadena perpetua para menores desde los 12 años en El Salvador
El presidente salvadoreño Nayib Bukele sancionó un paquete de reformas constitucionales y penales que establece la posibilidad de imponer cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años, así como a adultos, por delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.
Las reformas, aprobadas el mes pasado por la Asamblea Legislativa controlada por el partido del mandatario, contemplan que la pena máxima podrá aplicarse tanto a autores como a cómplices de estos delitos. En el caso de menores, la medida representa un endurecimiento significativo del sistema penal juvenil vigente en El Salvador.
De acuerdo con el nuevo marco legal, la aplicación de la cadena perpetua estará sujeta a revisiones obligatorias. Estas evaluaciones deberán realizarse cada cinco años, a partir de los 25 años de prisión para menores, 30 años para adultos, 35 años en casos de múltiples delitos y 40 años cuando existan agravantes. La revisión estará a cargo de nuevos juzgados de lo criminal, que anteriormente operaban como tribunales de menores, y que entrarán en funciones el 26 de abril.
Estos jueces deberán determinar si los sentenciados pueden acceder a un régimen de libertad controlada bajo condiciones específicas, incluso en casos de condena perpetua.
La reforma también modifica el esquema previo de justicia juvenil, que establecía penas máximas de hasta 20 años para menores de 16 años vinculados a pandillas y hasta 10 años para menores de 12 años.
Las medidas se enmarcan en la política de seguridad impulsada por Bukele desde el inicio del estado de emergencia en marzo de 2022, tras una ola de violencia de pandillas. Esta política ha sido prorrogada durante casi cuatro años y ha implicado la suspensión de derechos constitucionales, así como la detención de aproximadamente 91,650 personas, según cifras oficiales, con alrededor de 8,000 liberaciones reconocidas por el gobierno.
Organizaciones de derechos humanos han documentado posibles detenciones arbitrarias y han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que una parte significativa de los arrestos bajo el régimen de excepción habría ocurrido sin debido proceso. El gobierno de Bukele ha rechazado estas acusaciones.
Las reformas se suman a otros cambios constitucionales recientes, incluyendo la eliminación de límites a la reelección presidencial aprobada en julio de 2025, lo que ha intensificado el debate internacional sobre el equilibrio de poderes y el estado de la democracia en el país centroamericano.
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