EE. UU. busca ampliar su campaña militar por tierra en Latinoamérica tras ataques contra lanchas
La administración de Donald Trump busca ampliar a territorio latinoamericano la campaña militar que Estados Unidos emprendió contra embarcaciones que acusa de transportar drogas, mediante acuerdos para realizar operaciones conjuntas con fuerzas de países aliados de la región.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció durante una visita a Panamá que Colombia, Honduras y Guatemala habían aceptado permitir operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en sus territorios, después de que Ecuador comenzara en marzo misiones similares.
Sin embargo, el gobierno de Guatemala rechazó posteriormente haber alcanzado un acuerdo de ese tipo con Washington. “Será como lo que vieron con los ataques contra las lanchas del narcotráfico”, afirmó Hegseth durante un ejercicio militar realizado en la selva panameña.
“El mismo efecto en tierra. Y por eso estamos trabajando con Ecuador. Estamos trabajando con Colombia. Estamos trabajando con socios para llevar la lucha a las (organizaciones designadas como terroristas) en tierra”, agregó.
La estrategia representa una nueva etapa en la política de seguridad del gobierno de Trump hacia América Latina, que busca aumentar la presión sobre los gobiernos de la región para alinearlos con las prioridades de Washington y con lo que la administración estadounidense denomina “dominancia estadounidense sobre el hemisferio occidental”.
El Ejército estadounidense mantiene desde hace décadas operaciones de cooperación con países latinoamericanos mediante el suministro de armas, inteligencia y entrenamiento para combatir al narcotráfico. No obstante, el regreso de Trump a la Presidencia en enero de 2025 ha estado acompañado por un enfoque más intervencionista hacia la región.
La administración estadounidense ha designado a 20 grupos criminales latinoamericanos como “organizaciones terroristas extranjeras” y ha incrementado su participación militar y de inteligencia en operaciones contra organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas.
En ese contexto, las fuerzas estadounidenses han realizado más de 60 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo superior a 200 personas muertas, de acuerdo con la información citada. Washington ha presentado a los objetivos como integrantes de redes de “narcoterrorismo”, aunque ha ofrecido poca evidencia pública para demostrarlo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones.
La posibilidad de trasladar esa estrategia a operaciones terrestres conjuntas representa un cambio significativo, según especialistas, debido a las implicaciones que tendría para la soberanía de los países involucrados y por la presencia directa de militares estadounidenses en sus territorios.
William LeoGrande, especialista en América Latina de American University, consideró que las operaciones de combate conjuntas serían una medida “nueva y diferente”, al poner a prueba la sensibilidad de varios gobiernos latinoamericanos respecto de la presencia militar estadounidense.
En Colombia, el gobierno ha planteado una mayor cooperación militar con Washington para enfrentar a grupos armados y organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
Hegseth afirmó que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, solicitó una mayor participación militar estadounidense y señaló que Washington estaría dispuesto a actuar contra grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado el último gran grupo guerrillero activo del país.
“En cualquier lugar donde trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, son un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda”, sostuvo Hegseth, al equiparar a organizaciones dedicadas al narcotráfico con grupos extremistas islámicos que durante años ocuparon un lugar central en las prioridades de seguridad de Estados Unidos.
Ecuador se ha convertido en el principal ejemplo de la nueva estrategia estadounidense. Desde marzo, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses han participado en operaciones conjuntas contra organizaciones criminales, pese a que los votantes ecuatorianos rechazaron en noviembre de 2025 una propuesta para permitir bases militares extranjeras en el país.
Una investigación de The New York Times citada en la información reveló que un ataque realizado en marzo contra un supuesto laboratorio de drogas terminó destruyendo una finca ganadera, lo que alimentó las dudas sobre la identificación de los objetivos y las consecuencias de las operaciones.
El modelo ecuatoriano busca ahora ser replicado en otros países de la región, particularmente entre gobiernos conservadores que han asumido posiciones más agresivas contra el crimen organizado.
Guatemala constituye una de las principales excepciones dentro de esta estrategia. Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo ha mantenido una estrecha cooperación con Washington en materia de seguridad, el presidente guatemalteco negó que su administración haya acordado realizar operaciones antidrogas conjuntas con fuerzas estadounidenses.
Arévalo sostuvo que una intervención militar de ese tipo sería ilegal sin la autorización del Congreso de Guatemala.
Honduras, Colombia y Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones realizadas por Hegseth.
México representa otro escenario relevante para la estrategia estadounidense, debido a su papel como país de origen y tránsito de fentanilo y otras drogas que llegan a Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la cooperación con Washington en materia de seguridad, pero ha rechazado que militares estadounidenses participen directamente en operaciones contra los cárteles dentro del territorio mexicano.
Especialistas advierten que incluso gobiernos conservadores podrían mostrar reservas ante una presencia militar estadounidense más directa.
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