Exigen detener el uso de gas lacrimógeno y la represión de manifestantes en redadas del ICE en Minneapolis
Las tensiones continúan en Minneapolis tras semanas de redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en el marco de la llamada Operación Metro Surge. Las protestas —que inicialmente fueron encabezadas por comunidades latinas— han cobrado una magnitud más amplia, sumando a ciudadanos de diversos orígenes que exigen el cese de las tácticas agresivas de los agentes federales y la retirada de las fuerzas migratorias del estado.
La indignación popular se intensificó tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, quien fue asesinada por un agente de ICE el pasado 7 de enero mientras se encontraba cerca de una zona de redadas. La versión oficial describe el hecho como un acto de defensa propia del agente, pero activistas y residentes han cuestionado esa narrativa y han convocado múltiples protestas ciudadanas.
Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, han denunciado el uso de gas lacrimógeno y otras tácticas de dispersión por parte de los agentes federales, así como detenciones de observadores que no interferían con las operaciones. Comunidad local y organizaciones por los derechos civiles señalaron que estas prácticas han vulnerado libertades fundamentales y aumentado la violencia en las calles.
En respuesta a la creciente presión ciudadana, la jueza federal Kate Menéndez emitió un fallo que restringe el accionar de los agentes durante los operativos en Minnesota. Según la orden judicial, los oficiales del ICE y otras fuerzas del Departamento de Seguridad Nacional no podrán utilizar gas lacrimógeno, spray de pimienta, ni otras formas de agentes químicos, ni tomar represalias o detener a personas que observen o protesten pacíficamente, siempre que no estén interfiriendo con la ley o representen un peligro comprobado.
La magistrada subrayó que el derecho a la protesta pacífica y a observar las acciones gubernamentales es una protección constitucional que debe ser respetada incluso durante operativos de seguridad nacional, y que el simple hecho de seguir a los agentes a distancia no constituye motivo válido para detener o arrestar a alguien.
Esta restricción permanecerá vigente hasta que disminuya la tensión en el estado o finalice la ofensiva migratoria, que ha convertido a Minneapolis en uno de los puntos más conflictivos de las políticas migratorias actuales.
Las protestas han sido variadas y constantes, con marchas y vigilias que incluyen a estadounidenses de distintas comunidades. Activistas han reclamado no solamente el fin de las tácticas agresivas durante las redadas, sino también una investigación más amplia sobre el uso de fuerza letal por parte de agentes federales.
Por su parte, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y otros representantes del gobierno han defendido las operaciones migratorias, argumentando que son necesarias para hacer cumplir la ley y mantener la seguridad pública.
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