Familiares de migrantes víctimas del accidente en Baltimore demandan a la empresa dueña del buque
Los familiares de tres de los seis migrantes que murieron en el colapso del puente Francis Scott en Baltimore el pasado marzo anunciaron este martes que demandarán a la empresa responsable del buque que causó el accidente. La demanda busca que un juez reconozca la responsabilidad de Grace Ocean Private Limited, dueña de la embarcación Dali, que chocó contra el puente, provocando su derrumbe.
Los seis fallecidos, originarios de México, Honduras y El Salvador, trabajaban en la reparación de baches del puente cuando la estructura colapsó. Entre las víctimas mortales se encuentran Miguel Luna, José Maynor López y Dorlian Ronial Castillo, cuyos familiares han decidido emprender acciones legales.
"Estamos unidos por nuestras pérdidas y el dolor; buscamos justicia no solo para nosotros, sino para todos los trabajadores esenciales, los migrantes y las familias", declaró María del Carmen Castellón, viuda de Miguel Luna, en una rueda de prensa. Castellón relató cómo ella y su esposo emigraron de El Salvador a principios de los 2000 con el sueño de abrir su propio restaurante en Estados Unidos.
Los familiares de López y Castillo también se unieron a la demanda, asistiendo al evento vestidos con cascos de construcción y chalecos reflectivos, en homenaje a sus seres queridos. Por su parte, los familiares de los otros tres fallecidos —Maynor Yassir Suazo, Carlos Hernández y Wenceslao Contreras— planean presentar una demanda separada con otra representación legal.
El accidente, que atrajo atención nacional, motivó que el gobierno de Joe Biden expresara sus condolencias y concediera visas humanitarias a los familiares de las víctimas para que pudieran asistir a los funerales en Estados Unidos.
Grace Ocean Private Limited, por su parte, presentó un recurso legal para limitar su responsabilidad al valor del buque, estimado en 42.5 millones de dólares. Sin embargo, Matt Wessler, abogado que representa a las familias demandantes, señaló que lo más importante es "aportar transparencia" y responsabilizar a los culpables.
La organización pro derechos de los migrantes CASA, de la cual varias de las víctimas eran miembros, ha presionado al gobierno de Biden para avanzar en medidas que ofrezcan un estatus legal a millones de migrantes indocumentados en el país.
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