Gobierno de Florida propone usar militares como jueces para deportar migrantes
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó este lunes 12 de mayo un ambicioso plan migratorio al gobierno del presidente Donald Trump que propone una expansión sin precedentes de las facultades estatales en el control migratorio, incluyendo el uso de elementos de la Guardia Nacional como jueces para procesar deportaciones y la ejecución de redadas autónomas por parte de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés).
La propuesta, que requeriría autorización federal, plantea que el Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia actúen como jueces migratorios para agilizar los procesos de deportación.
“Florida está liderando con acciones concretas. Nuestro objetivo es remover a extranjeros criminales peligrosos de nuestras comunidades y hacerlo con eficacia”, declaró DeSantis durante una rueda de prensa en Tampa.
Según explicó, 100 agentes de la FHP ya operan como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals mediante el acuerdo federal 287, que permite a entidades locales aplicar leyes migratorias. Con esta designación, pueden realizar redadas, detener indocumentados y ejecutar órdenes federales de deportación.
Un ejemplo citado por DeSantis es la "Operación Marea Negra", desarrollada entre el 21 y el 26 de abril, que resultó en la detención de Mil 120 migrantes. El operativo involucró la coordinación entre siete agencias locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
“La Marea Negra fue un modelo de cooperación interestatal. Nuestros oficiales están capacitados y facultados para actuar de manera independiente del gobierno federal”, aseguró el mandatario.
Además del uso de la Guardia Nacional y la FHP, el plan de DeSantis incluye la creación de nuevos centros de detención migratoria y el aumento de las aprehensiones.
Florida alberga a aproximadamente 5 millones de personas nacidas en el extranjero, según datos del American Immigration Council.
A pesar de ello, el estado ha sido punta de lanza en la implementación de políticas migratorias restrictivas bajo la administración de Trump.
Desde el inicio de su mandato, DeSantis ha impulsado legislación que prohíbe las ciudades santuario y contempla sanciones de hasta 5 mil dólares, además de la suspensión de funcionarios que se nieguen a cumplir con las medidas migratorias estatales.
Actualmente, más de 100 agencias locales y todos los condados de Florida han firmado acuerdos 287, junto con decenas de ciudades como Miami, Orlando, Hialeah, Doral y Key West.
“El mensaje es claro: Florida será el líder nacional en la aplicación estricta de la ley migratoria”, concluyó DeSantis.
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