Gobierno estadounidense retira polémica lista de jurisdicciones santuario tras críticas internas
El gobierno de Estados Unidos retiró discretamente de su sitio web oficial la lista de jurisdicciones "santuario" publicada el pasado 29 de mayo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de recibir críticas por incluir localidades que han mostrado su respaldo al presidente Donald Trump.
La lista, elaborada en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por Trump el 28 de abril, identificaba a 36 de los 50 estados del país como entidades que supuestamente limitan la cooperación de sus cuerpos policiales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Entre ellos figuraba California, tradicionalmente demócrata, y con una alta concentración de ciudades con políticas santuario. Sin embargo, también fueron señaladas ciudades como Huntington Beach, bastión republicano en el condado de Orange, lo que desató una ola de inconformidades.
El alcalde de Huntington Beach, Pat Burns, reaccionó con indignación al ver a su ciudad en la lista. "Esto es negligente. Nuestra ciudad ha demostrado de forma clara que colabora con ICE. De hecho, en enero aprobamos por unanimidad una resolución que subraya dicha cooperación", declaró a medios locales.
Tras la controversia, la página web que alojaba la lista dejó de estar disponible, y el enlace fue eliminado incluso del comunicado de prensa oficial del DHS que anunciaba la medida. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios sobre el retiro, ni ha reconocido errores en la elaboración del listado.
Según el comunicado original, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la fiscal general, Pam Bondi, estaban encargadas de identificar y denunciar públicamente a las jurisdicciones que supuestamente obstaculizan los esfuerzos federales en materia migratoria. Noem advirtió que las jurisdicciones enlistadas recibirían notificaciones formales sobre sus "incumplimientos" y posibles violaciones a leyes federales.
La medida forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para aumentar detenciones y deportaciones, y presionar a gobiernos estatales y locales para que colaboren activamente con ICE. No obstante, muchas jurisdicciones han argumentado que su negativa a cooperar plenamente responde a limitaciones presupuestales y a la necesidad de mantener relaciones de confianza entre las comunidades migrantes y las fuerzas del orden locales.
Esta no es la primera vez que Trump enfrenta resistencia al intentar penalizar a los llamados "santuarios" migratorios. Durante su primer mandato, intentó condicionar fondos federales a la cooperación con ICE, pero sus políticas fueron impugnadas en los tribunales, donde perdió la mayoría de los casos.
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