ICE asfixió a comunidad latina de Los Ángeles con 471 redadas en mes y medio

Durante 45 días consecutivos, desde el 6 de junio, la comunidad latina del sur de California vivió un verdadero estado de sitio debido a las intensas redadas realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Con un promedio de diez detenciones diarias, estas acciones afectaron principalmente a los barrios latinos del valle de San Fernando, generando un clima de miedo y terror.
La organización Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) documentó un total de 471 redadas en la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, revelando un patrón claro: los agentes de migración se enfocaron en comunidades predominantemente hispanas, como Panorama City —donde el 42% de la población es latina— que registró 21 operativos, y Pico Rivera, con 18 redadas, donde el 90% de los habitantes son de origen hispano. En la ciudad de Los Ángeles, que tiene un 65% de residentes latinos, se reportaron 15 redadas.
Según Chirla, los agentes llegaban en camionetas sin uniformes oficiales, usando chalecos y ropa táctica, y se concentraban en detener a mujeres embarazadas, trabajadores de la construcción, cocineros y jardineros, muchos de ellos con residencia o ciudadanía. La única razón aparente para las detenciones fue el perfil racial, un criterio declarado ilegal por un juez federal, que ordenó suspender las redadas sin orden judicial, reduciendo considerablemente estos operativos en las últimas semanas.
El 11 de julio, un tribunal federal emitió dos órdenes de restricción temporales que prohíben al gobierno federal, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), continuar con detenciones basadas en criterios como raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, estar en lugares específicos (como paradas de autobús o terrenos agrícolas) o por el tipo de trabajo que realiza la persona. Además, el DHS debe garantizar acceso a un abogado a los detenidos en todo momento.
Estas redadas formaban parte del objetivo declarado por la administración del expresidente Donald Trump de detener a 3,000 "bad hombres" diariamente, pero han sido denunciadas como una campaña de miedo, terror y discriminación racial contra los vecindarios latinos y comunidades minoritarias de Los Ángeles.
La ciudad de Los Ángeles, bajo la alcaldesa Karen Bass, se sumó a la demanda contra el DHS por estas prácticas inconstitucionales, con la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong permitiendo que otras ciudades se unan al caso para fortalecer la lucha contra el perfil racial en las redadas.
_
Ahora puedes decir en voz alta “Alexa, reproduce BI Noticias” y también escucharnos en Spotify.
Síguenos en Facebook, Instagram, WhatsApp, X, TikTok y YouTube. Mantente informado en tiempo real.