En una decisión histórica que podría transformar el panorama legal del combate al cambio climático, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que los Estados que incumplan sus obligaciones para mitigar los efectos del calentamiento global cometen un "acto internacional ilícito" y podrían ser responsables de pagar indemnizaciones a las naciones más afectadas.

La opinión consultiva responde a una solicitud presentada por la Asamblea General de la ONU tras una campaña liderada por jóvenes del Pacífico, y marca un precedente en la búsqueda de justicia climática.

“Las consecuencias del cambio climático son graves y tienen un gran alcance: afectan tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas”, declaró el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, al inicio de la audiencia en La Haya.

Por su parte, el tribunal subrayó la urgencia de actuar de manera “apropiada, consistente, rápida y sostenible” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y rechazó que la falta de certeza científica absoluta pueda justificar la inacción.

Aunque el dictamen establece que para que un país deba indemnizar a otro se debe probar una relación causal directa entre la omisión y el daño, los magistrados enfatizaron que, si bien es un reto jurídico, no es imposible.

Asimismo, el fallo brinda herramientas legales a países en desarrollo y comunidades vulnerables para exigir responsabilidades a las grandes potencias contaminantes. Más de 100 Estados participaron en las audiencias, entre ellos muchos pequeños países insulares que enfrentan amenazas existenciales por el aumento del nivel del mar.

Finalmente, cabe recordar que durante el gobierno de Donald Trump, EE. UU. retiró su financiamiento y se apartó del Acuerdo de París, postura que reflejó una falta de compromiso con las responsabilidades globales.

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