Nayib Bukele defiende la reelección indefinida en El Salvador

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, rechazó este domingo que la reciente aprobación en El Salvador de la reelección presidencial indefinida represente el "fin de la democracia". Bukele atribuyó las críticas a esta decisión a que el país es "pequeño y pobre", y cuestionó el doble estándar con que se juzgan estas medidas en función de la nación que las adopta.

En un trámite exprés, el Congreso salvadoreño, controlado por el oficialismo, aprobó el jueves una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.

Ante la ola de críticas internacionales, el mandatario expresó que "el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”. Bukele ironizó sobre la reacción negativa hacia El Salvador, señalando que cuando un país "pequeño y pobre" intenta lo mismo, de repente "es el fin de la democracia".

El presidente de 44 años, que asumió el poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de los votos, aseguró que, a pesar de que algunos argumentan que un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial, eso es nada más un pretexto. Añadió que, si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con reglas similares a las del Reino Unido, España o Dinamarca, las críticas continuarían.

"Porque el problema no es el sistema, sino que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen. Y se espera que te mantengas en tu carril", afirmó.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos calificaron la reforma como un "golpe mortal" a la democracia y una "manipulación" constitucional para favorecer las ambiciones de poder de Bukele.

A pesar de la controversia, Bukele mantiene alta popularidad gracias a su "guerra" contra las pandillas, iniciada en 2022, que ha reducido la violencia a niveles mínimos históricos. Sin embargo, grupos de derechos humanos han criticado su política de seguridad, que opera bajo un régimen de excepción que permite arrestos masivos sin orden judicial y restringe libertades civiles.

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