Políticos de EE. UU. critican intento de Trump de "nacionalizar" elecciones federales
El presidente Donald Trump desató un intenso debate político y constitucional al proponer "nacionalizar" el sistema electoral de Estados Unidos, argumentando un supuesto fraude masivo en las elecciones, una idea que unificó a líderes republicanos y demócratas en su contra.
Durante una entrevista en el podcast del exsubdirector del FBI, Dan Bognino, Trump afirmó: "Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control. Deberíamos nacionalizar la votación’", refiriéndose a al menos 15 estados clave.
La Constitución de Estados Unidos otorga a los estados la responsabilidad principal de organizar los comicios, y la Comisión Federal Electoral (FEC) supervisa únicamente la transparencia y el financiamiento de campañas, sin intervenir en la administración del voto. Expertos aseguran que Trump no tiene autoridad para "nacionalizar" las elecciones.
La propuesta generó reacciones inmediatas. El líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, calificó la iniciativa como "un veneno autocrático aún más peligroso" y alertó sobre un intento de instaurar una "dictadura MAGA de partido único".
Asimismo, los 24 gobernadores demócratas del país condenaron la medida, encabezados por Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, quien declaró: "Cualquier intento del gobierno federal de intervenir en las elecciones de Michigan debe interpretarse como un intento de arrebatarles el derecho constitucional al voto".
Incluso líderes republicanos se distanciaron de la propuesta. John Thune, senador por Dakota del Sur y líder de la minoría republicana en el Senado, defendió el sistema descentralizado: "Creo que es más difícil hackear 50 sistemas electorales que uno solo. Ese es un sistema que siempre ha funcionado bastante bien".
En respuesta, la portavoz presidencial Caroline Leavitt aclaró que Trump se refería en realidad a la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE), un proyecto federal que exige prueba documental de ciudadanía para registrarse y votar en elecciones federales. Según Leavitt, la iniciativa es de "sentido común" y busca garantizar elecciones libres de fraude.
Sin embargo, críticos como Wendy Weiser, del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, advierten que la Ley SAVE podría impedir el voto de millones de estadounidenses que no cuentan con pasaporte ni certificados de nacimiento accesibles. La ley exigiría documentos como identificación REAL ID, pasaporte vigente o identificación militar acompañada de prueba de nacimiento en Estados Unidos.
El debate llega en un año electoral clave, con las elecciones intermedias programadas para el 3 de noviembre, donde los republicanos podrían perder el control de la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes planea votar la Ley SAVE esta semana, mientras las negociaciones con los demócratas se enredan con el plazo para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE y CBP.
Una encuesta reciente del Pew Research Center reveló que 83% de los estadounidenses apoya exigir una identificación oficial con foto para votar, aunque expertos alertan que la Ley SAVE va más allá de la verificación de identidad y podría suprimir el voto de millones de ciudadanos.
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