Trump acata orden judicial y detiene deportaciones de venezolanos

El gobierno de Donald Trump ha decidido no desafiar la orden de un juez que bloquea el uso de poderes de tiempos de guerra para deportar a presuntos miembros de bandas criminales provenientes de Venezuela, según declaró el jefe de la agencia fronteriza, Tom Homan, el domingo.
Durante una entrevista en el programa "This Week" de ABC News, Homan aseguró que a los migrantes venezolanos se les ha concedido el debido proceso conforme a las leyes vigentes, a pesar de las críticas de expertos jurídicos que acusan a la administración de desafiar decisiones judiciales previas.
La deportación de 137 venezolanos el fin de semana pasado, a pesar de la orden judicial en contra, generó señalamientos de que el gobierno de Trump está escalando su enfrentamiento con el poder judicial. La administración alega que los deportados eran miembros del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano, pero familiares y defensores de inmigrantes han desmentido estas afirmaciones.
El juez de distrito James Boasberg anunció el viernes que continuará investigando si el gobierno violó su orden de bloquear el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en estas deportaciones. La investigación se inició después de que no se lograra que los dos vuelos con los deportados regresaran a Estados Unidos.
A pesar de no desafiar la orden judicial, Homan reiteró que el gobierno seguirá tomando medidas enérgicas contra quienes considere una amenaza para la seguridad nacional. "Vamos a seguir deteniendo las amenazas a la seguridad pública y nacional", afirmó. "Seguiremos persiguiendo a lo peor de lo peor".
El juez Boasberg, quien suspendió las deportaciones bajo esta ley hasta finales de mes, cuestionó la rapidez con la que se ejecutó la medida. "Me parece que la única razón por la que hacen esto es porque saben que hay un problema y quieren sacarlos del país antes de que se presenten demandas legales", dijo el magistrado al abogado gubernamental Drew Ensign.
Lee Gelernt, abogado de la organización de derechos civiles ACLU, enfatizó la necesidad de que los afectados puedan impugnar su presunta pertenencia a la banda criminal. "Las repercusiones políticas son increíblemente problemáticas y preocupantes", advirtió el juez Boasberg, quien criticó el "uso extensivo y sin precedentes" de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, reprendió a Trump por sus ataques al juez Boasberg tras la decisión judicial. No obstante, el mandatario republicano defendió el decreto, afirmando que la ley le otorga el poder de arrestar y deportar extranjeros sin intervención judicial. "Eso es lo que dice la ley y lo que este país necesita", declaró en el Despacho Oval.
Trump también justificó la deportación de más de 200 personas a El Salvador, donde fueron encarceladas en una prisión de alta seguridad. "Eran un grupo malo [...] asesinos, homicidas y personas con los peores antecedentes", sostuvo el presidente.
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