Trump demanda a gobierno de Illinois por obstaculizar redadas migratorias
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de dificultar las labores de las autoridades de migración.
La demanda, presentada en una corte federal en Illinois, solicita que se revoquen y declaren inconstitucionales las protecciones estatales y locales que protegen a la población indocumentada de la deportación.
Tanto el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, están incluidos en la querella, según el reporte de Fox News.
Las leyes locales "están diseñadas para interferir contra los esfuerzos del gobierno federal en materia de violaciones a la ley migratoria", señala la demanda.
Esta acción es la primera que la administración del presidente toma contra un gobierno local, tras advertir que actuaría contra alcaldías y estados que no colaboren con sus políticas de mano dura contra los más de 11 millones de personas que viven en el país sin estatus legal.
"Además de exacerbar la crisis nacional, algunos de estos migrantes encuentran paraísos seguros para escapar de las fuerzas federales, en las autoproclamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan entre estadounidenses inocentes, quienes pueden convertirse en sus víctimas", sostiene la demanda, citada por Fox News.
El Departamento de Justicia señala en concreto una ley estatal, otra a nivel del condado de Cook y una más de la ciudad de Chicago que impiden a las autoridades locales colaborar con agentes de migración y limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.
Estas directrices, conocidas como leyes de "ciudad santuario" y vigentes en varias grandes urbes del país, como Nueva York o Los Ángeles, han sido ampliamente criticadas por políticos republicanos y el actual mandatario.
Los abogados del gobierno insistieron en que "muchos" de los migrantes indocumentados en Estados Unidos representan una "amenaza contra la seguridad nacional".
El Ejecutivo de Trump ha calificado a las personas indocumentadas como "criminales" y ha promocionado una narrativa que activistas han tildado de "xenófoba".
Por su parte, los gobiernos locales y organizaciones defensoras argumentan que las medidas de "ciudades santuario" fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin temor a la deportación.
Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.
En cambio, cruzar la frontera sin inspección (clasificado como "ingreso indebido") o intentar entrar en Estados Unidos tras haber sido deportado o expulsado sí está tipificado como delito: el primero como falta menor y el segundo como delito grave.
Múltiples estudios, incluyendo una investigación de la Universidad de Stanford que analiza datos desde la década de 1960, han encontrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados que las personas nacidas en Estados Unidos.
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