Buscan vender agua a municipios con proyecto hídrico 

El proyecto “Incremento de la disponibilidad de agua sustentable para la ciudad de Aguascalientes” aprobado por el Congreso del Estado, promete mayor disponibilidad de agua para el municipio capital a través de una asociación público-privada por más de 7 mil millones de pesos. Este, fue diseñado en una mesa interinstitucional en la que incluso se habría contemplado la participación de autoridades federales, asegura Guillermo de la Torre, titular de la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo.

“En esta mesa, participamos varias de las dependencias de gobierno del estado, pero también áreas del gobierno federal y el gobierno municipal. El tema del agua no solo abarca una orden de gobierno, tenemos que hacer un proyecto integral. Lo que pretendemos es resolver el tema del agua para todo el estado” señala en entrevista.

En esta mesa, explica, habrían participado funcionarios de la CONAGUA. Tras el análisis de los diagnósticos y estudios respecto al acuífero, que se mantiene sobreexplotado, el proyecto es administrado (como consta en los anexos a los que BI NOTICIAS tiene acceso), por Gabriel Ortiz Macias, coordinador general del INAGUA, y suscrito por Evaristo Pedroza, director del instituto.

También, en la lista de quienes votaron el proyecto, aparecen: Alfredo Cervantes, Secretario de Finanzas del Estado, Alfredo Rivadeneyra, Coordinador Ejecutivo del Gabinete, el propio Guillermo de la Torre, Sarahí Macias, Secretaria de Medio Ambiente, Carolina López, Secretaria de Obras Públicas, Isidoro Armendáriz, Secretario de Desarrollo Rural, Eduardo Aguilar, titular de la Consejería, y Raquel Soto Orozco, Secretaria de Administración del Estado.

“Y entre varias propuestas (eran como cinco) CONAGUA dijo: esta es la propuesta que el estado necesita. Fue una decisión de CONAGUA, porque es el ente federal que va a avalar todo esto”, señala el secretario de planeación, asegurando que el gobierno federal coincidió en que la presa Calles era la mejor opción, y en donde se aprovecharía el agua de rehúso no solo en la ciudad, sino también el campo, tras haber sido tratada y depositada en la presa. 

En el arranque de este 2024, apunta que se harán más estudios que avalen el proyecto, que si bien en un principio se estableció únicamente para el municipio de Aguascalientes, ahora pretende expandirse a otras demarcaciones. Específicamente, a la zona metropolitana. 

“Tenemos que sumar también a Jesús María y San Francisco de los Romo por ser zona metropolitana. Los estudios de CONAGUA nos van a permitir ver la viabilidad de que se sumen” explica. Sin embargo, se analiza sumar a Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Cosío y Rincón de Romos, dado que comparten el mismo acuífero. 

Agua tratada, a la venta

Este proyecto vendrá acompañado de otros ajustes legislativos. El propósito: obligar a las industrias a cambiar el agua de los pozos por agua tratada. Es decir, para reducir el impacto en el acuífero que tiene la extracción actual, las empresas podrían pagar por utilizar el agua que se trate bajo este sistema. 

“También, tendríamos que hacer una modificación a la legislación para que el agua sea utilizada obligatoriamente por la industria, para que ya no utilicen agua de pozos, sino agua tratada, para la construcción y el campo. Con adecuaciones legales” apunta Guillermo de la Torre.

Para levantar las infraestructuras necesarias, y soportar financieramente el proyecto, se ha asegurado que además de la inversión que se realizará por medio de entes como el INAGUA (a través de pagos programados para los próximos 20 años, es decir, hasta el año 2045) se busca la posibilidad de solicitar más recursos a fondos federales.

“Sí, la propuesta es, y por eso las gestiones de la gobernadora con el gobierno federal, a través de Banobras (y a través del FONADIN) que un fondo pueda aportar hasta el 49% del costo de la infraestructura. Hemos hecho el planteamiento y las negociaciones. Se podría amarrar hasta que hagamos los estudios que pide CONAGUA” asegura Guillermo de la Torre.

Los estudios faltantes se relacionan a la calidad del agua, pues el líquido que se va a tratar tiene que cumplir con la NOM 127 de la Secretaría de Salud, que a partir de abril de este año establece parámetros más estrictos respecto a las sustancias que tiene el agua que llega a los hogares del país. Además, el funcionario apunta que aún falta revisar la viabilidad de sumar a la industria y al campo. Es decir, el Congreso del Estado ya aprobó un proyecto al que le faltan estudios clave.  

Sin embargo, para que una Asociación Pública-Privada pueda proceder, necesita el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Una vez que se obtenga, los recursos públicos podrán operar para reducir los costos a la empresa que gane la licitación para la infraestructura del proyecto. Aunque detalla, habría ingresos también al poner a la venta el agua tratada, incluso en los municipios. 

“La intención es que se pueda vender. Que lo que los municipios gastan en extraer el agua de los pozos (como en la energía eléctrica, y lo que implica), conforme el proyecto avance, podrían comprar el agua, y potabilizar” revela, asegurando que esto reduciría el impacto actual sobre el acuífero principal del estado.

Aún así, admite que al final el agua podría costarles lo mismo, pese a que la intención es abaratarla. “Incluso MIAA la podría comprar también” asegura, aunque el nuevo organismo creado por el ayuntamiento capital tiene apenas desde octubre de 2023 operando.

El funcionario de planeación (el único autorizado por el gobierno del estado para hablar del proyecto dentro de la administración), asegura que hay que “tomar decisiones valientes”, y sostiene que este proyecto podría ser un ejemplo para el resto del país. 

Sería hasta el 2025 cuando se tiene proyectado que las licitaciones queden abiertas. Y apunta: “nos encantaría que a más tardar en el 2026 estén empezando las obras de infraestructura”.

 

Menos de la mitad de las plantas tratadoras funciona

Elsa Marcela Ramírez López, Profesora e investigadora del Depto. de Ingeniería Bioquímica de la UAA, señala que en el estado no todas las plantas de tratamiento funcionan como deberían. Estima que menos de la mitad operan de manera correcta.

“Aguascalientes tienen un gran número de plantas de tratamiento, pero el estado y los municipios no las han cuidado lo suficiente. Hay descargas al río, muchas de ellas no son tóxicas, pero ¿porque no se recircula a otros lugares, para darle un posterior tratamiento como la potabilización, y rehusarla?” pregunta, coincidiendo en que el agua tratada no es aprovechada como debería en Aguascalientes. 

Incluso, apunta que hay plantas de tratamiento que no están diseñadas para mejorar la calidad del agua, por lo que sugiere que antes de la implementación del plan hídrico dichas plantas deben ser optimizadas. 

Según el portal web del gobierno estatal, hay 36 plantas tratadoras distribuidas en los municipios. Pero la capacidad de procesamiento varía bastante. Por ejemplo, mientras que la planta Los Arellano en el municipio capital, procesa 300 litros por segundo, la planta Cerro Blanco, en Calvillo, apenas procesa un litro por segundo.

El nuevo proyecto hídrico fue aprobado en sesión legislativa el jueves 14 de diciembre de 2023. La gobernadora Tere Jiménez, prometió que brindará abasto para el estado por lo menos los siguientes 100 años, potabilizando el agua al grado de poder beberla. 

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