Fraude inmobiliario: el negocio de la notaría 11

Con documentos públicos y el testimonio de una víctima, BI Noticias revela cómo el exnotario 11, Alonso Javier González Sánchez -quien “heredó” el Fiat Notarial de su padre-, estuvo involucrado en un presunto fraude inmobiliario, donde se suplantó la identidad del propietario de un terreno para luego venderlo a una constructora en cuyo domicilio se comercializaban trapeadores y escobas. Después, el terreno sería vendido a otras dos personas. Hoy González Sánchez está vinculado a proceso. También su papá.

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Por Adrián Flores

Era julio del 2024. Carlos Correa Lozano, de 80 años, descansaba en Texas, Estados Unidos, mientras en las oficinas de la polémica notaría 11, cuyo titular era Alonso Javier González Sánchez -y que en otros tiempos fue su padre, Javier González Ramírez-, se estaba escriturando la compraventa de uno de sus terrenos al sur de Aguascalientes sin su consentimiento, sin su firma y sin haber recibido un sólo centavo de la apócrifa transacción. 

El fraude empezó en aquel mes y aquel año, pero Carlos Correa se enteró de que ya no era propietario de su predio meses después, en enero del 2025, cuando acudió al edificio del Centro de Atención Municipal (CAM) a pagar el predial y la cajera le informó que ese pedazo de tierra ya no le pertenecía, según cuenta el afectado en la demanda civil que interpuso y a la cual tuvo acceso este reportero. 

Después, Correa Lozano acudió a las oficinas del Registro Público de la Propiedad para solicitar las escrituras públicas donde confirmó que, el entonces notario 11, dio fe de una compraventa en el testimonio de la escritura pública con folio 52 mil 184 (del volumen 910), inscrito el 3 de octubre del 2024, donde supuestamente vendió su terreno a una constructora que no conocía: CORU S.A de C.V.

Pero no terminó ahí. Dicha constructora -que ganó millonarios contratos en el sexenio del panista Martín Orozco Sandoval- no sería la dueña final del terreno, ya que esta habría vendido de nuevo a dos hombres: Jorge Sandoval Ruíz de Chávez, de 55 años, y Bryan de Jesús Sandoval Gallegos, de 25, según se constata en el testimonio de la escritura pública 42 mil 695 (del volumen 2526), inscrito en el Registro Público el 14 de noviembre del mismo año.

La primera “venta”, a CORU, se hizo por 13 millones de pesos, monto que se habría pagado (presuntamente) a través de un cheque con folio 2U9076579 fechado para el 17 de julio del 2024, pero del que no se especificó la cuenta de origen y que, además, Carlos Correa comprobó que jamás cobró. 

El predio del que fue despojado en las oficinas del Fiat Notarial 11 mide cerca de siete mil 460 metros, está ubicado al sur de la ciudad, en Calpulli, donde los terrenos han ganado plusvalía por el desarrollo urbano. El último avalúo de este inmueble, hecho en 2023, sugirió que su valor era de aproximadamente 19 millones de pesos.

Además, todavía no se terminaba de inscribir la escritura de la primera compraventa cuando CORU ya estaba vendiendo el predio a los Sandoval. Incluso, desde antes de que se concretara la “venta” a la constructora, los Sandoval ya habían empezado a pagar el terreno a CORU. 

Dos notarios y la falta de transparencia 

De acuerdo a la escritura de la presunta venta entre Carlos Correa y CORU, la transacción habría iniciado el 17 de julio del 2024 con la anuencia del exnotario 11, quien de acuerdo al verdadero propietario, tuvo que haber suplantado su identidad ya que en ese entonces él estaba en Texas.

Fue hasta el 10 de septiembre que, de acuerdo al testimonio, el exfedetario Alonso Sánchez autorizó “definitivamente” la compraventa. Sin embargo, para ese entonces el terreno ya estaba vendiéndose a sus últimos propietarios: los Sandoval. Aún más: para entonces el terreno ya estaba casi finiquitado por Jorge y Bryan. 

La escritura pública de la compraventa a los Sandoval dice que desde el 3 de septiembre -una semana antes de que se autorizara de manera definitiva la primera “venta”- se había iniciado la segunda. Así, CORU le estaría vendiendo el 75% de la propiedad a Bryan y el 25% a Jorge, todo a un costo un poco mayor: 13 millones 500 mil pesos, que sería pagado a plazos por transferencias, cheques bancarios y efectivo. 

Quien se encargaría de dar fe a este acto fue el todavía notario 20, Jorge Mauricio Martínez Estebanez. En total se habrían hecho 13 pagos, siete de Jorge y seis de Bryan. 

Pero los abonos empezaron a fluir desde antes que se hiciera la escritura. Según el testimonio de la misma, el dinero entre los Sandoval y CORU empezó a moverse desde el 29 de agosto vía transferencia electrónica. También se hicieron cheques y se entregaron cientos de miles en efectivo. En esta ocasión, los cheques sí advertían el folio y la cuenta de origen bancaria. 

El primer pago con cheque lo hizo Jorge Sandoval, con uno cuyo folio fue 0001. Es decir, el primero de la chequera. Este fue emitido por el Banco Regional a través de la cuenta 987776320012 y con fecha del 3 de septiembre. El itinerario de los pagos que los Sandoval hicieron a CORU es el siguiente. 

Jorge Sandoval Ruíz de Sánchez erogó: 

• 100 mil pesos en transferencia electrónica. De la cuenta saliente 987776320012 de Banregio a la cuenta 0852052033, hecha el 29 de agosto del 2024
• 800 mil pesos con el cheque 0001 emitido por el Banco Regional con cuenta 987776320012, fechado al 3 de septiembre del 2024
• Un millón 200 mil pesos con el cheque 0002 emitido por el Banco Regional con cuenta 987776320012, fechado al 3 de septiembre del 2024
• 590 mil pesos con el cheque 0004 emitido por el Banco Regional con cuenta 987776320012, fechado al 3 de septiembre del 2024
• 130 mil pesos en transferencia electrónica (no se especifica la cuenta de dónde salió el dinero. Tampoco a dónde se envió ni cuándo)
• 430 mil en efectivo, previo a la firma de la escritura (no hay registro de cuándo se consolidó)

 

Bryan de Jesús Sandoval Gallegos, en ese entonces de 25 años de edad, pagó:

• 250 mil pesos en transferencia electrónica de la cuenta saliente con CLABE 608-580-044-00033461 a la cuenta 0852052033 de Banorte y cuyo número de operación fue 0096570, hecho también el 29 de agosto
• Tres millones 150 mil con el cheque 0102 emitido por BBVA Bancomer con cuenta 00472875160, fechado al 3 de septiembre del 2024
• 2 millones 850 mil con el cheque 0101 emitido por BBVA Bancomer con cuenta 00472875160, fechado al 3 de septiembre del 2024
• 400 mil en efectivo, previo a la firma de la escritura
• 3 millones 100 mil, que serían pagados a más tardar el 4 de septiembre del 2024 vía transferencia electrónica
• 375 mil, a pagar a más tardar el 1 de diciembre del 2024, sin especificar cómo será el pago

 

Además de que los pagos se estaban haciendo desde antes, el todavía hoy notario 20, Martínez Estebanez, ignoró que la cuenta CLABE que el joven Bryan dio en realidad no existe, ya que tiene 17 dígitos, no los 18 que todas las cuentas de ese tipo tienen en México. 

El jugoso cheque y otras omisiones

A diferencia de los cheques de los Sandoval a la constructora, el único cheque con el que el exnotario 11 aseguró que se le pagaría a Carlos Correa tiene una omisión: no dice de qué cuenta bancaria proviene.

Si bien es común pagar estas cantidades con cheques de caja, es deber de los notarios tratar de ser lo más específicos posibles sobre el método de pago a la hora de comprar un inmueble para dar certeza de que el dinero que se maneja no es sucio. 

Al menos así lo considera Rubén Orejel Castro, experto en temas de lavado de dinero y miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales. 

En entrevista, explica que el artículo 33 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a los fedatarios públicos que en una compra de un bien inmueble de este costo -13 millones- se tiene que especificar la forma de pago y “anexar el comprobante respectivo”.

El especialista reconoce que “la ley no es clara y no especifica en términos generales la forma de pago porque bastará decir que fue con transferencia o con cheque”, sin embargo, agrega, por eso “dice que sí anexes el comprobante”, lo cual no hizo Alonso Sánchez. 

“Digamos que un buen notario, con conocimiento pleno y para efecto de la trazabilidad -del dinero-, tendrá que especificar la forma de pago (...) tendrá que explicar en la escritura el origen y el destino del recurso, es decir, quién lo pagó y hacia dónde se va. Esa es la norma general porque el espíritu de la Ley Antilavado es darle ese seguimiento al recurso”, opina.

En ese mismo sentido opina Ricardo Rodríguez Vargas, exdirector del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, quien considera que “el notario también tiene que verificar la buena compra del bien (...) lo mejor es aclarar bien todo lo referente a las cuentas, de dónde proviene, hacia dónde se deposita” insiste.

Rodríguez Vargas añade que para una mejor transparencia, el notario debería especificar si se trata de un cheque al portador o un cheque de caja.

“Yo creo que tiene que advertir que es un cheque de caja para darle el mayor formalismo, porque insisto, no estamos hablando de una operación de baja denominación, estamos hablando de una operación cuantiosa. El notario debe establecer todas las características de la transacción que haga darle la mayor formalidad al trato”, concluye. 

Un notario perseguido

Apenas en julio de este año, se publicó de manera oficial la revocación del Fiat Notarial número 11 a Alonso Javier González Sánchez, derivada de un proceso administrativo. 

Este reportero pudo conocer que actualmente en la Fiscalía General del Estado (FGE) existen al menos ocho carpetas de investigación en contra del exfedatario por delitos como fraude y suplantación de identidad. Algunas fueron integradas desde el 2023. Las ocho carpetas son: 

 

• CI/AGS/12423/05-25: por suplantación de identidad
• CI/AGS/04792/02-24: por fraude
• CI/AGS/13469/05-23: por hechos delictuosos
• CI/AGS/35111/12-24: por suplantación de identidad
• CI/AGS/07683/03-25: por suplantación de identidad
• CI/AGS/23589/08-23: por suplantación de identidad
• CI/AGS/14401/06-25: por suplantación de identidad

 

Además, existe otra carpeta que desde septiembre del 2024 consiguió la vinculación a proceso del exnotario. Se trata de la CI/AGS/08647/03-24, donde se le acusó de fraude en contubernio con otra persona. Este caso ni siquiera es la denuncia que Carlos Correa interpuso.

También existe una carpeta de investigación, la CI/AGS/04100/02-24, en la que se logró la vinculación a proceso del exnotario Javier González Ramírez, el papá de González Sánchez, quien fue fedatario antes de que Martín Orozco, en las últimas horas de gobierno, le diera el fiat notarial a su hijo. 

Acusado de fraude, al papá le prohibieron salir del estado. Ahora, en tanto la gobernadora Tere Jiménez no haga un nuevo nombramiento, la notaría está vacante.

Una constructora, ferretería y tienda de abarrotes

La constructora CORU tiene una peculiaridad: en su domicilio fiscal se tiene registro de negocios que nada tienen que ver con la construcción; se han vendido abarrotes, productos de limpieza y hasta vinos. 

Aún así, CORU, cuyo representante legal es Rafael Ortega Ruiz, obtuvo en la administración orozquista al menos 10 contratos que ascienden a casi 20 millones de pesos.

De acuerdo al portal de la Secretaría de Obras Públicas, la constructora obtuvo ocho contratos públicos para distintas obras, desde rehabilitaciones de hospitales hasta la reconversión de la Biblioteca Jaime Torres Bodet. La mayoría (siete) fueron otorgados por asignación directa:

 

También existen otros dos contratos que le otorgó el gobierno de Orozco Sandoval a la constructora pero que no aparecen en el portal de la SOP. Ambos fueron otorgados en el 2022, el año en que se nombró a Alonso Sánchez como notario 11.

El primero (042/2022-IM-SAE) fue por un millón 240 mil 156 pesos para la conservación y mantenimiento "menor" del estacionamiento de la Secretaría de Administración del Estado (SAE). Este fue por invitación del gobierno. El segundo (084/2022-licitación-ssmaa), para la rehabilitación de dos invernaderos del centro Ecológico Estatal "Enriqueta Medellín Legorreta", por un millón 467 mil 052 pesos.

La suma de todos los contratos obtenidos por CORU entre 2017 y 2022 asciende a 19 millones 719 mil 709 pesos con 96 centavos.

Aún así la constructora no parece tener oficinas propias. Al menos eso se constata en la dirección Paseos Chicahuales #1026, interior A, en Corral de Barrancos, Jesús María, donde supuestamente tendría su domicilio fiscal en el 2022 y en donde, en ese año, vendían vinos y licores.

Locatarios y vecinos consultados por BI Noticias aseguraron que en ese domicilio nunca han visto algo similar a una constructora. Una vecina dijo a este reportero que el local lleva ya más de un año cerrado, y en una búsqueda temporal de Google, se puede observar que con el paso del tiempo el local nunca aparentó ser una constructora. 

En 2012 el edificio aún no existía, se construyó hasta el 2015; en 2017 era una tienda de abarrotes; en 2019 una ferretería; en 2021 una tienda de productos de limpieza para la casa que tenía pintado a mano alzada y en letras pequeñas la palabra “CORU”; y en 2022 una licorería. A la fecha, la publicidad sigue siendo de la licorería. Detrás de la pintura amarilla, todavía se alcanza a leer la palabra CORU. 

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Carlos Correa Lozano ya interpuso una demanda civil en contra del exnotario Alonso Javier González Sánchez, de CORU y los Sandoval. Según el expediente número 0390/2025 del juzgado segundo de lo civil, la defensa legal de Jorge Sandoval está a cargo del despacho Martínez Estebanez y Asociados Abogados, cuyo director es Gustavo Enrique Martínez Estebanez, el hermano del notario 20.

 

 

 

 

 

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