Van 30 fosas clandestinas encontradas en Aguascalientes en los últimos cinco años

Por Dulce Rodríguez, Jessica de Loera y Fernando Medrano

En lo que va del 2023, se tiene registro al menos de 9 hallazgos de fosas clandestinas en el estado, con restos de 16 personas diferentes en total. Más de la mitad de dichas fosas, se han encontrado en el municipio de Rincón de Romos.

Según el Registro de Fosas Clandestinas de la Comisión Nacional de Búsqueda, y la información dada a conocer recientemente por la fiscalía estatal, otra de las fosas encontrada este año fue localizada en Asientos. Otra más en Tepezalá (aquí, el hallazgo fue de seis cadáveres), y otra en Pabellón de Arteaga. Una más fue encontrada en el municipio capital. 

Pese a las investigaciones de las autoridades estatales, al menos una decena de cadáveres siguen sin ser identificados. 

En declaraciones recientes, el fiscal general del estado, Jesús Figueroa, reconoció que hay al menos 40 cuerpos en Servicios periciales que no han sido reclamados. Incluso, las instalaciones de la SEMEFO se ampliaron en años recientes, previendo la llegada de más cadáveres ante la crisis de violencia que se tiene a nivel nacional.

“Hemos estado llevando a cabo el proceso del cruce de ADN con familias de personas desaparecidas, y que nosotros teníamos, pero tenemos cuerpos por ejemplo que ya tenemos identificados pero nadie va por ellos. No sabemos quiénes son. Tenemos alrededor de 40 cuerpos que no han pasado”, declaró.

Del 2018 a la fecha, han sido 15 las fosas encontradas en el municipio capital.  Siete en Rincón de Romos. Dos, han sido halladas en Asientos, y dos más en Tepezalá. Una en Calvillo. Otra en Pabellón de Arteaga, otra en San José de Gracia. Y una más en San Francisco de los Romo.

Es decir, se han registrado hallazgos en 8 de los 11 municipios.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, una fosa clandestina es cualquier lugar en el que se inhuma ilegalmente uno o más cadáveres con el objetivo de ocultarlos, deliberada o indiscriminadamente, y evitar que las autoridades puedan sancionar e investigar las razones de la inhumación.

Las Comisiones Estatales de Búsqueda están facultadas para presenciar dichos descubrimientos. En Aguascalientes, esto no sucede porque la fiscalía no les notifica oportunamente. Así lo confirma Violeta Sabás, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda del estado.

“Cuando es localizada una persona, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares, señala que la fiscalía del estado,  cuando llegan al lugar donde se pide tener un contexto de hallazgo, tendría que darle abuso a la comisión" asegura. "Tenemos la facultad de estar ahí. Tendría que haber un aviso. Tienen que ser enteradas las víctimas". 

Para Francisco Javier Espinosa, del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, el desconocimiento de los protocolos, la falta de reactivos y la inexistente homologación entre las autoridades procuradoras de justicia de los diferentes niveles de gobierno, son el principal problema al que se enfrentan, lo que provoca que ningún registro oficial sea del todo confiable.

“Se tiene que partir de lo que se tiene; unos restos, una carpeta de investigación, información sentada en algún registro y de otros registros que nosotros tenemos. De ahí vienen las pruebas de ADN, que son las más certeras, pero luego nos enfrentamos con que no hay reactivos o no hay personas que lo lleven a cabo de una manera profesional” critica.

A la par, se teme que se busque ocultar u obstaculizar el hallazgo e identificación de personas desaparecidas con la falta de acompañamiento, acto que señalan, es justificado por la fiscalía para no dañar las pruebas, contaminar la zona, ni afectar el debido proceso.

“Yo creo que para tener una buena rendición de cuentas y claridad de los hechos, es que estemos participando, porque nosotros hemos sido muy activos, que sí estuvieran presentes familiares, desde 1 metro o 2 metros, pero cuando se evita que estemos ahí presentes, es porque luego se quieren ocultar algunas cifras, desgraciadamente la experiencia nos lo dice, pese a que con ocultar los números, no significa que no exista, por el contrario, eso significa que esa persona nunca va a ser encontrada y se presta a que sean cómplices” lamenta.

Estadísticas oficiales muestran que, durante 2023, se tiene un registro de 544 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Más del 94% de ellas han sido localizadas, pero 20 de ellas, sin vida.

“Este mes se encontraron, y es el más alto en el año, cuatro personas sin vida; de las 12 personas que hay desaparecidas, se encontraron 4 sin vida, es un número muy alto para un mes, no había pasado y esto sí nos prendió un poco de alerta” externa.

Según la fiscalía estatal, algunos de los descubrimientos más recientes de fosas son el resultado de sus propias investigaciones, aunque no se sabe la identidad de todos los cuerpos.

“Esto del descubrimiento de los cuerpos, tanto en Rincón de Romos y otros casos, ha sido por información que nosotros hemos logrado obtener, y hemos llevado a cabo diligencias periciales y ministerial para dar con estos cuerpos.”

Sin embargo, las investigaciones deben extenderse más allá de la jurisdicción de Aguascalientes. En un país en donde existen más de 113 mil personas reportadas como desaparecidas, la comunicación entre las fiscalías de los estados, es vital para conocer la identidad de quienes aparecen en las fosas.

Por su parte, colectivos que acompañan a la familias buscadoras, como lo es el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), reconocen un trabajo interinstitucional fragmentado, donde se señala la omisión de datos por parte de la Fiscalía General del Estado hacia la Comisión Estatal de Búsqueda.

Así reconoce la presidenta del Observatorio, Mariana Ávila, quien asegura que debe de existir un trabajo coordinado para agilizar el proceso de búsqueda y evitar revictimizar tanto a la persona desaparecida como a su familia.

Añade que es competencia de la Fiscalía realizar las investigaciones pertinentes mientras que la Comisión se encarga del trabajo de campo, es decir, la búsqueda. Sin embargo, ambos entes son responsables de generar información para que estatal y nacionalmente haya registro de lo que sucede.

“Tiene que ver con un desconocimiento de los protocolos y también con el estigma. Siguen pensando que las personas desaparecen porque quieren, o siguen pensando que se ahorran mucho trabajo si cierran los procesos como accidentes, o como suicidios, o como muertes naturales, y por eso no investigan. Nosotras hemos logrado documentar procesos que han querido cerrar como accidentes donde al final se trataba de feminicidios o de homicidios. Pero la Fiscalía todavía no ha entendido que tiene responsabilidad con la aplicación de sus protocolos y con el debido proceso.”

Incluso, este entorpecimiento en los procesos de búsqueda debido a la falta de apertura y mecanismos por parte de las instituciones, no sólo en el ámbito estatal, sino que a nivel federal, se reconoce en el RNPDNO, donde se lee el siguiente mensaje:

“Entre los retos del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas está la resistencia de diversas instituciones para registrar o compartir información. Cualquier información que no se visualice en el RNPDNO se debe a que no ha sido aportada por la autoridad federal o local que hizo el reporte", sentencia.

La presidenta del OVSG agrega la falta de convocatoria a las familias en la localización de 'positivos', concepto que las personas buscadoras emplean para el hallazgo de restos óseos. “Son búsquedas positivas porque localizan a personas que necesitan ser localizadas”, menciona.

“No tienen conocimiento de la existencia del protocolo que está desde el 2017, o lo hacen deliberadamente el no permitir la participación de quienes están buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares. Y eso por supuesto que es una omisión grave que representa violación a los derechos humanos.”