Acusan a Corte de violar división de poderes
La Consejería Jurídica de la Presidencia acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de intentar sustituir al Congreso, si invalida el proceso legislativo que aprobó el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La dependencia gubernamental argumenta que la SCJN no debe restringir las atribuciones que la Constitución concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión.
Según la Consejería Jurídica, si la Corte invalida el proceso legislativo, estaría violando el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre ellos.
En una nueva queja presentada contra el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán sobre el Plan B, la dependencia gubernamental argumentó, una vez más, que las leyes reformadas en diciembre del año pasado fueron apegadas al marco legislativo.
La Consejería Jurídica aseguró que la Corte estaría transgrediendo las funciones del Congreso de la Unión, a quien se le cuestiona la dispensa de trámite y la deliberación democrática en las reformas aprobadas en fast track.
La dependencia argumentó que en el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, que es una atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones, para lo cual basta que el pleno de la Cámara de Diputados determine, por mayoría, que una iniciativa es de urgente u obvia resolución.
Además, según la Consejería Jurídica, durante la aprobación de las leyes que integran el Plan B en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, incluso con los criterios de la propia SCJN.
La representación legal de Presidencia pidió revisar las sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como las gacetas parlamentarias, para constatar que no hubo afectación a esos principios legislativos, como se asegura en el proyecto de la SCJN.