Acusan fiscalización y control del Estado sobre la investigación con nueva ley de ciencia
Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) critican las implicaciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que fue aprobada recientemente en el Congreso y no cuenta con el respaldo de la comunidad científica.
La ley, que fue aprobada en el pleno del Senado durante la madrugada, establece la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su reemplazo por el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que busca incluir la participación de todas las secretarías, incluyendo las militares, como la Defensa y la Marina.
De acuerdo con los investigadores del Cinvestav, la nueva ley afectará negativamente la investigación en México, debido a un desbalance entre los integrantes de la comunidad científica y los representantes del gobierno en el Órgano Interno Consultivo del nuevo organismo. Los representantes de Cinvestav, la UNAM, Anuies, UAM, IPN y otras entidades, así como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C, no serán incluidos en el Consejo, y solo habrá ocho integrantes de todos estos sectores frente a 14 representantes del gobierno.
Además, los investigadores critican que las becas serán otorgadas solo a aquellos que trabajen en líneas prioritarias de investigación definidas por el gobierno, lo que limita la libertad de investigación de los científicos. También denuncia que la ley obliga a los investigadores a ceder sus patentes y derechos de explotación, lo que los priva de generar recursos propios.
La desaparición del Conacyt y la creación de un nuevo organismo requerirá la expedición de nuevos reglamentos al Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Nacional Posgrados, lo que ha sido criticado por académicos y trabajadores del Conacyt, quienes temen que sus derechos protegidos por la Ley Federal del Trabajo se vean afectados.
Advierten que los convenios ya firmados por el Conacyt podrían verse comprometidos debido a la extinción de la dependencia, y señalan que la ley implica problemas en la fiscalización, ya que el Órgano Interno de Control está subordinado a la Secretaría de la Función Pública, y la persona titular del Conacyt preside la junta directiva, lo que genera opacidad en el proceso.