Detienen transferencia de Guardia Nacional a Sedena
Una juzgadora federal suspendió indefinidamente la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, además de ordenar devolver el control de la corporación policiaca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Karla María Macías Lovera, jueza novena de Distrito con residencia en Guanajuato, concedió una suspensión definitiva a Ángel Castro Gómez, representante de la organización Uniendo Caminos México, de quien expresó que sí tiene interés legítimo para impugnar el decreto, debido a que es un defensor de derechos humanos.
El quejoso argumentó que la norma reclamada aumenta el peligro para el libre ejercicio de actividades encaminadas a proteger los derechos humanos, pues la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena puede ocasionar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales, tales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.
Lo anterior, en vista de que la seguridad pública no resulta de carácter militar, sino que constituye una función del Estado de naturaleza civil que está en manos de la federación, los estados y los municipios, según el artículo 21 de la Constitución.
La jueza refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que los Estados tienen que limitar al máximo la utilización de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, ya que el entrenamiento que reciben se encuentra dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que pertenece a los entes policiales.
A su vez, AMLO y la Sedena justificaron que la suspensión tenía que rechazarse porque la inaplicación de una ley de seguridad pública vulnera el orden social, pues impide la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de la Defensa Nacional.
No obstante, la juzgadora consideró que la suspensión definitiva tiene que darse con fundamento en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana.
Cabe señalar que los efectos de la suspensión definitiva son para que no se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, y dicho organismo siga bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De igual modo, para que la SSPC y la Sedena suspendan inmediatamente la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales a que hace alusión el artículo Sexto transitorio, fracción II, del decreto combatido.