Devuelve Gobierno federal a ejidatarios tierras destinadas para la construcción del Aeropuerto de Texcoco
En un acto realizado en el pueblo de San Salvador Atenco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó y entregó una declaratoria para la restitución de más de 186 hectáreas de tierras a los ejidatarios de la localidad. Estas tierras habían sido extraídas previamente para la construcción del cancelado Aeropuerto en Texcoco.
El presidente López Obrador expresa su reconocimiento a los ejidatarios de San Salvador Atenco por su lucha durante años para proteger la tierra y el agua de su localidad. Enfatiza la importancia de cuidar las tierras y evitar una construcción desordenada que pudiera llevar a un retroceso en lugar de avanzar. El mandatario destaca que estas tierras pertenecen tanto a la generación actual como a las futuras generaciones, sin importar si son comuneros, ejidatarios o propietarios.
Además de la entrega de la declaratoria, el presidente se comprometió a concluir la construcción de la Universidad Benito Juárez y la clínica del IMSS-Bienestar antes de finalizar su sexenio. Asimismo, prometió regresar a San Salvador Atenco para mantener la unidad del pueblo.
La cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco tuvo un costo significativo para el gobierno federal, según informa la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De acuerdo con la ASF, esta cancelación representa un gasto de al menos 331,996 millones de pesos, lo cual supera en un 232% la estimación inicial del gobierno. La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) había estimado un costo de 100,000 millones de pesos en abril de 2019, pero la ASF indica que esta cifra no consideraba otros gastos relacionados.
El informe de la ASF detalla que el costo total de la cancelación del aeropuerto de Texcoco incluye gastos erogados en 2019 por un total de 163,540 millones de pesos (49.3%). Estos gastos se relacionaron con la terminación anticipada de contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios, así como con el esquema de financiamiento y los costos legales derivados de la cancelación del proyecto. Los 168,455 millones de pesos restantes (50.7%) corresponden a procesos pendientes hasta el año 2019.