Exige gobierno a Lozoya 30 mdd por Agronitrogenados y él acusa extorsión

El gobierno de AMLO exigió 30 millones de dólares como reparación del daño ante la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, lo que ocasionó que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunciara que es una "extorsión".

"UIF y Pemex, desde enero de 2022, pidieron por escrito 3.4 millones de dólares. Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión", refirió Lozoya Austin.

"Acepté pagar el 100% de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasiextorsión?", cuestionó.

A consecuencia de la falta de explicación de las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex por aumentar en 200% la reparación del daño, Genaro Alarcón López, juez de control perteneciente al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, determinó no efectuar la audiencia intermedia.

Asimismo, en vista de que la Fiscalía General de la República (FGR) no participó en las negociaciones en las que el exfuncionario intentó conseguir un acuerdo reparatorio para suspender la causa penal que enfrenta por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"De manera dogmática se dice que es la postura del gobierno federal […] Yo debería verificarlo […] Se requiere de fundamentación y motivación", expresó el juzgador.

Pese a que los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, además de Lozoya, solicitaron que comenzara la audiencia intermedia, a fin de que la FGR presentara su acusación formal del caso, el juez especificó que era necesario garantizar los derechos del imputado, pues la autoridad "tiene que sustentar dicha cantidad".

Por su parte, Lozoya, quien aparentaba estar molesto, sostuvo que, el hecho de haber intentado llegar a un acuerdo no implica aceptar culpabilidad.

Finalmente, la defensa presentó dos incidencias con el propósito de que declarara la prescripción del presunto delito, y con el objetivo de que no se reconociera como víctimas a la UIF y Pemex, aunque su petición no prosperó.

El juez citó a las partes el próximo 31 de agosto para efectuar la audiencia intermedia, lapso en el que la FGR deberá participar en las negociaciones del acuerdo reparatorio.