Hay estudios que analizan la forma para nombrar jueces y magistrados

Sin hacer referencia a ninguna forma en particular, incluida la propuesta presidencial de que jueces y magistrados sean electos por el voto popular, la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho, afirma 

que existen diferentes estudios en los que se ha analizado este y otros métodos de selección de jueces y magistraturas.

Al respecto, la funcionaria del Poder Judicial Electoral, destaca que, con independencia de lo que en esos análisis se ha considerado, desde su perspectiva existen diferencias sustantivas entre la renovación de cargos de elección popular -como lo son las diputaciones o las integraciones de ayuntamientos-, con la designación de la judicatura, derivadas de la naturaleza de las tareas a cargo de jueces y magistrados.

Por tal motivo, Valle Aguilasocho señala que la elección de jueces y de magistrados no debe dejar de lado la valoración del conocimiento jurídico profundo y la experiencia en tareas propias de la impartición de justicia. 

También destaca:

1. En la entrevista que me realizaron diversos medios de comunicación el pasado 15 de junio, en ningún momento expresé apoyo a la elección de la judicatura por medio del voto popular. 

2. Al ser cuestionada sobre qué pensaba respecto a esta posibilidad, afirmé, sin referirme en forma particular a alguna iniciativa, que existen diferentes estudios en los que se ha analizado este y otros métodos de selección de jueces y magistraturas, destacando que, con independencia de lo que en esos análisis se ha considerado, desde mi perspectiva existen diferencias sustantivas entre la renovación de cargos de elección popular -como lo son las diputaciones o las integraciones de ayuntamientos-, con la designación de la judicatura, derivadas de la naturaleza de las tareas a nuestro cargo. 

3. En tal sentido, expuse que, desde mi visión personal, la elección de jueces y de magistraturas no debe obviar la valoración del conocimiento jurídico profundo y la experiencia en tareas propias de la impartición de justicia.