Lujoso departamento de Cresencio Sandoval fue comprado a proveedora de la Sedena: investigación
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela en una investigación que Alejandra Aguilar Solórzano, accionista de la empresa "Protective Materials Technology SA de CV", proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vendió un departamento de 407 metros cuadrados al general Luis Cresencio Sandoval en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, ubicado en Huixquilucan, Estado de México.
El lujoso departamento de Luis Cresencio Sandoval, ubicado en el fraccionamiento Bosque Real, tiene una superficie de 407 metros cuadrados y fue adquirido mediante un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nacional del Ejército en febrero de 2020. Aunque el crédito original fue de 9 millones de pesos, para mayo de 2022 el general ya había pagado la mayor parte y el saldo restante era de 3.8 millones de pesos.
A pesar de que el titular de la Sedena informó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que el departamento fue adquirido por 9 millones de pesos, MCCI señala que propiedades de dimensiones similares en el mismo fraccionamiento tienen un valor de hasta 30 millones de pesos, es decir, 1.5 millones de dólares.
Según la investigación de MCCI, en una declaración completa con fecha del 17 de febrero de 2020, se encontró que Alejandra Aguilar Solórzano fue quien transmitió la propiedad al general Sandoval, a pesar de que en la declaración pública de mayo de 2022 el general decidió no informar sobre la adquisición del departamento.
MCCI también descubrió que Aguilar Solórzano es accionista y representante legal de "Protective Materials Technology SA de CV", la empresa proveedora de la Sedena en la actual administración federal.
Además, se reveló que Alejandra Aguilar, la vendedora del departamento, también es representante legal de la empresa que recibió un contrato de la Sedena por 319.4 millones de pesos para el suministro de 48,000 juegos de placas balísticas. La asignación de dicho contrato presentó irregularidades en el proceso de licitación, como la participación de postores de dos empresas con vínculos comerciales y la presunta incapacidad de la empresa ganadora para cumplir con el contrato.