México rechaza nueva ley contra migrantes de Texas
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó este miércoles 15 de noviembre la legislación aprobada en Texas, que convertiría en un nuevo delito estatal, el ingreso ilegal al estado. Dando así más facultades a las autoridades policiales para detener a migrantes y también a los jueces para emitir órdenes de expulsión hacia México contra quienes infrinjan alguna norma.
La Cancillería mexicana difundió un comunicado en el que señaló que la ley, ya aprobada por el Congreso de Texas y lista para que el gobernador Greg Abbott la firme, implica una “criminalización” de la población migrante y resultara en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.
“El Gobierno de México reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. No obstante, respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio. En ese sentido, el Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retomar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, declaró la institución.
Asimismo, la nueva norma también permite que un juez ordene a los inmigrantes que regresen al país desde el que cruzaron ilegalmente, en lugar de iniciar un proceso judicial. Por su parte, el gobernador texano celebró que haya sido aprobada y sostuvo que está preparado para convertirla en ley.
“Espero poder promulgar la ley 4, con la que se crean penas por haber entrado de forma ilegal a Texas, y autorizar que los migrantes ilegales que hayan sido aprehendidos en la frontera sean removidos”, sentenció Abbott, además de agradecer la labor de los legisladores republicanos Charles Perry y David Spiller por el “progreso histórico para la seguridad fronteriza”.
Finalmente, México expresó su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de los más de 10 millones de ciudadanos que residen allá, al proporcionar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes. Además de reiterar su apoyo a las medidas implementadas por la administración del presidente Joe Biden, quien aseguró se han enfocado en brindar un camino legal y seguro para las personas que buscan llegar a Estados Unidos.
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