Niegan modificar medida cautelar para proceso de libertad a Roberto Borge
Un juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, en su intento de llevar un proceso por delincuencia organizada, único que lo mantiene preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.
El Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Toluca, Estado de México, negó al expriista la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó, luego de que le desecharon una solicitud de revisión de la prisión oficiosa dictada en su contra.
En diciembre del año pasado, Borge Angulo solicitó una audiencia de revisión de medidas cautelares, misma que le fue rechazada, en virtud de que el exmandatario “se encuentra recluido por su probable intervención en el delito de Delincuencia Organizada con el propósito de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual amerita prisión preventiva”.
En su resolución, Alfonso Alexander López Moreno, juez Quinto de Distrito, señaló que al momento de interponer el juicio de amparo, Borge Angulo ya se encontraba detenido por orden de autoridad competente, razón por la cual no es dable dar a la medida cautelar el alcance pretendido por el político quintanarroense, es decir, otorgar su inmediata libertad.
El juez únicamente concedió suspensión definitiva, solo para el efecto de que exmandatario quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad en el lugar donde se encuentra recluido y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento.
El año pasado, un juez federal concedió a Borge Angulo prisión domiciliaria en el proceso que se le sigue por lavado de dinero y se le autorizó el uso de brazalete electrónico y una garantía de 10 millones de pesos.
En marzo de 2023, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), por el ocultamiento del origen, destino, movimiento, propiedad y titularidad de 22 bienes inmuebles de la reserva territorial, entonces administrada por el Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE).
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