Presenta AMLO iniciativa a fin de regular el uso de drones con fines ilegales

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, envió a la Comisión Permanente una iniciativa de ley, esto con el fin de castigar hasta con 60 años de cárcel el uso de drones para transportar, activar o detonar armas, municiones y materiales para utilización exclusiva del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La propuesta, que apareció en la Gaceta Parlamentaria, reforma y agrega varias disposiciones en el Código Penal Federal, así como en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

Se busca establecer agravantes a los delitos perpetrados en contra de las personas o bienes a través del uso de aeronaves piloteadas a distancia (unamanned aerial vehicles o vehículos aéreos no tripulados) con el objetivo de prevenir, evitar y castigar el uso de esta clase de aeronaves en actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, en contra de la integridad física, emocional o vida de las personas que produzcan alarma, temor o terror en la ciudadanía para atentar contra la seguridad nacional, presionar o forzar a la autoridad o a un particular a que tomen una decisión.

Las reformas al Código Penal Federa indican que se aplicará una pena de prisión de 15 a 40 años, así como una multa de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien emplee aeronaves pilotadas a distancia para perpetrar delitos en contra de las personas o bienes.

De igual modo, se contempla una sanción de 10 a 20 años tras las rejas a quien, a través del uso de aeronaves pilotada a distancia incurra en las siguientes conductas.

A aquel que arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, además de sustancias químicas que por sí solas o mezcladas sean susceptibles de ser implementadas como explosivos sobre otras personas o bienes e impacten a alguna persona o propiedad para causarle daño.

En caso de que la persona o el bien afectado pertenezcan o se encuentre destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida se incrementará hasta en una mitad.

Cuando se cometa por un servidor público de alguna corporación policial, además de las penas señaladas y la destitución del empleo, se le inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.

Cabe señalar que la comisión de esos delitos se perseguirá por querella.