Semarnat denuncia a Grupo México por el derrame en el Río Sonora en 2014
La Secretaria del Medio Ambiente de México, María Luisa Albores, anunció que el gobierno federal ha presentado una denuncia penal contra el Grupo México y su presidente Germán Larrea. Esta acción legal se basa en el presunto incumplimiento del compromiso de remediar los daños ambientales provocados por un derrame de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora en 2014.
En una conferencia de prensa, la secretaría afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no considera que el derrame fuera un accidente, sino que fue el "peor desastre ambiental en la historia minera metálica de México". Albores destacó que el incidente ocurrió en agosto de 2014, cuando se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, afectando directamente a los ríos Bacanuchi y Sonora. La empresa responsable, la minera Buenavista del Cobre (parte de Grupo México), fue acusada de no cumplir con sus obligaciones de remediar los daños ambientales y materiales.
La denuncia penal se produce después de un acuerdo celebrado en 2014 entre Grupo México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para llevar a cabo acciones de reparación y compensación de los daños ambientales y la salud pública causados por el derrame. Un fideicomiso de 2 mil millones de pesos se inició para financiar estas acciones, pero según la secretaría, solo se entregaron mil millones de pesos a través de un Comité Técnico.
El Fideicomiso informó que se gastaron 1,232 millones de pesos, de los cuales 309 millones se pagaron fuera del fideicomiso, y 77 millones se devolvieron a Grupo México. Los fondos restantes se utilizarán en diversas áreas, como agropecuarias, unidades económicas, servicios de agua y salud, comunicación social, y más.
Sin embargo, un diagnóstico ambiental posterior al derrame reveló que los niveles de metales en el suelo y el agua seguían siendo excesivos, lo que indica una contaminación persistente en la región. Además, se detectó la presencia de arsénico, hierro y fluoruros en los pozos de agua potable, lo que representa un riesgo para la salud de las personas en la zona.