Sube a 113.7 % muertes de militares en campaña contra el crimen organizado
Desde diciembre del 2018 hasta este noviembre, al menos, 149 elementos del Ejército han muerto en la aplicación de la campaña permanente contra el crimen organizado y la ley federal de armas de fuego y explosivos, en lo que va de la actual administración federal.
Derivado de una emboscada por parte de integrantes del crimen organizado, la noche del sábado un miembro del Ejército Mexicano fue asesinado, y dos más quedaron heridos sobre una carretera del municipio de Tenejapa, Chiapas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que la agresión tuvo lugar en los poblados Loma Bonita y Guadalupe Miramar, cerca de la frontera con Guatemala, donde los militares realizaban labores de reconocimiento.
Información de medios locales señala que, presuntamente, los militares participaban en el operativo de búsqueda del alcalde y el secretario municipal de Maravilla Tejenapa, Zoel López Gutiérrez y Aciano Roblero Velázquez, respectivamente, y quienes desde el pasado viernes fueron reportados como desaparecidos.
Derivado de la emboscada, el cabo Hermenegildo Hidalgo recibió un impacto de arma de fuego en el lado derecho del pecho, debajo de la clavícula, lo que le ocasionó la muerte. Mientras que los otros dos elementos heridos fueron identificados como un subteniente de infantería de apellido Guzmán, quien recibió un impacto de bala en la mano izquierda y el cabo de infantería de apellido Peralta, herido en el muslo derecho.
Los datos oficiales señalan que 55 % de estas muertes fueron a causa de agresiones con armas de fuego, mientras que el resto falleció por otras causas como, accidentes automovilísticos o aéreo, ahogamiento y atropellamiento. Sólo en este año se han registrado 62 homicidios, si se compara esta cifra con las 29 muertes del 2022, existe un alza de 113.7 %.
Sobre el tema, Javier Oliva Posadas, académico e investigador de la UNAM y expertos en temas de seguridad y criminalidad, consideró que la disponibilidad de armas potentes en el mercado del narcotráfico, procedentes de Estados Unidos, se ha convertido en principal riesgos para el Ejército mexicano, en el marco de su lucha contra el crimen organizado.
“Mientras los criminales utilizan armamento prohibido, los militares mexicanos tienen que someterse a los marcos jurídicos que establecen las leyes internacionales y tienen que utilizar armamento convencional y se enfrentan a verdaderos asesinos. Entonces ahí hay una desproporción muy notable en las capacidades que tiene el Estado mexicano a través de las fuerzas federales para hacerle frente a los delincuentes”, declaró.
En este sentido, el politólogo consideró que las incautaciones de armamento recientes, que han dado cuenta de cómo cada vez hay una mayor cantidad de armas, con mayor capacidad de letalidad, “es algo verdaderamente alarmante, porque esto denota dos cosas: una que las autoridades de Estados Unidos no están haciendo la parte que le les corresponde para el contener tráfico de armas... y por el otro, esto pone en evidencia también una mayor acción, mayores operaciones por parte de los militares y la Guardia Nacional en contra del crimen organizado”, subrayó.
No obstante, resaltó que uno de los principales problemas en la materia es que desde el lado civil, es decir, de los estados no ha habido planteamientos serios en materia de seguridad pública, por lo que el papel fundamental lo está llevando la Guardia Nacional.
Ante la falta de información al respecto por parte de los gobernadores, la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública no pudo determinar cuáles son las entidades federativas del país donde ya no se requiere la participación de elementos militares en dichas tareas.
De ahí que el grupo de trabajo plural integrado por senadores y diputados federales fijó un plazo de 60 días, contados a partir de que el Congreso de la Unión apruebe. El Primer Informe semestral sobre el uso de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública fue presentado en mayo pasado por el titular Ejecutivo federal, para recibir los informes correspondientes.
Desde diciembre del 2018 hasta este noviembre, al menos, 149 elementos del Ejército han muerto en la aplicación de la campaña permanente contra el crimen organizado y la ley federal de armas de fuego y explosivos, en lo que va de la actual administración federal.
Derivado de una emboscada por parte de integrantes del crimen organizado, la noche del sábado un miembro del Ejército Mexicano fue asesinado, y dos más quedaron heridos sobre una carretera del municipio de Tenejapa, Chiapas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que la agresión tuvo lugar en los poblados Loma Bonita y Guadalupe Miramar, cerca de la frontera con Guatemala, donde los militares realizaban labores de reconocimiento.
Información de medios locales señala que, presuntamente, los militares participaban en el operativo de búsqueda del alcalde y el secretario municipal de Maravilla Tejenapa, Zoel López Gutiérrez y Aciano Roblero Velázquez, respectivamente, y quienes desde el pasado viernes fueron reportados como desaparecidos.
Derivado de la emboscada, el cabo Hermenegildo Hidalgo recibió un impacto de arma de fuego en el lado derecho del pecho, debajo de la clavícula, lo que le ocasionó la muerte. Mientras que los otros dos elementos heridos fueron identificados como un subteniente de infantería de apellido Guzmán, quien recibió un impacto de bala en la mano izquierda y el cabo de infantería de apellido Peralta, herido en el muslo derecho.
Los datos oficiales señalan que 55 % de estas muertes fueron a causa de agresiones con armas de fuego, mientras que el resto falleció por otras causas como, accidentes automovilísticos o aéreo, ahogamiento y atropellamiento. Sólo en este año se han registrado 62 homicidios, si se compara esta cifra con las 29 muertes del 2022, existe un alza de 113.7 %.
Sobre el tema, Javier Oliva Posadas, académico e investigador de la UNAM y expertos en temas de seguridad y criminalidad, consideró que la disponibilidad de armas potentes en el mercado del narcotráfico, procedentes de Estados Unidos, se ha convertido en principal riesgos para el Ejército mexicano, en el marco de su lucha contra el crimen organizado.
“Mientras los criminales utilizan armamento prohibido, los militares mexicanos tienen que someterse a los marcos jurídicos que establecen las leyes internacionales y tienen que utilizar armamento convencional y se enfrentan a verdaderos asesinos. Entonces ahí hay una desproporción muy notable en las capacidades que tiene el Estado mexicano a través de las fuerzas federales para hacerle frente a los delincuentes”, declaró.
En este sentido, el politólogo consideró que las incautaciones de armamento recientes, que han dado cuenta de cómo cada vez hay una mayor cantidad de armas, con mayor capacidad de letalidad, “es algo verdaderamente alarmante, porque esto denota dos cosas: una que las autoridades de Estados Unidos no están haciendo la parte que le les corresponde para el contener tráfico de armas... y por el otro, esto pone en evidencia también una mayor acción, mayores operaciones por parte de los militares y la Guardia Nacional en contra del crimen organizado”, subrayó.
No obstante, resaltó que uno de los principales problemas en la materia es que desde el lado civil, es decir, de los estados no ha habido planteamientos serios en materia de seguridad pública, por lo que el papel fundamental lo está llevando la Guardia Nacional.
Ante la falta de información al respecto por parte de los gobernadores, la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública no pudo determinar cuáles son las entidades federativas del país donde ya no se requiere la participación de elementos militares en dichas tareas.
De ahí que el grupo de trabajo plural integrado por senadores y diputados federales fijó un plazo de 60 días, contados a partir de que el Congreso de la Unión apruebe. El Primer Informe semestral sobre el uso de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública fue presentado en mayo pasado por el titular Ejecutivo federal, para recibir los informes correspondientes.
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