Entra en vigor ley antiinmigrante en Florida en medio de protestas de la comunidad latina

La ley SB 1718, temida por su severidad hacia los inmigrantes indocumentados y aquellos que les brinden ayuda, entra en vigor este sábado en Florida, desatando una ola de protestas y llamamientos a la acción por parte de líderes latinos. La nueva legislación ha sido calificada como un "ataque de la extrema derecha" por parte de varios grupos y organizaciones proinmigrantes.

Durante la Convención de Migración México, Centro y Suramérica celebrada en Miami, Soraya Márquez, directora de Mi Familia Vota en Florida, destaca la importancia del día, afirmando que el estado está siendo víctima de un gobernador que utiliza la plataforma política para promover una agenda de extrema derecha.

La convención, organizada por diversas agrupaciones proinmigrantes, tiene como objetivo definir un plan de acción con estrategias y metas claras para enfrentar las políticas del gobernador Ron DeSantis. Además, se convocaron manifestaciones en una decena de ciudades de Florida en contra de la SB 1718, aunque se espera una menor participación debido al temor que ha surgido en la comunidad inmigrante desde la entrada en vigor de dicha ley.

El miedo de los inmigrantes indocumentados, que ha llevado a muchos a abandonar Florida, es solo uno de los efectos de esta ley promovida por DeSantis, quien tiene aspiraciones presidenciales y ya se encuentra en campaña para convertirse en el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, el detective Argemis Colomé, portavoz del Departamento de Policía del condado Miami-Dade, presente en la Convención de Migración, menciona que la ley "no cambia mucho" la labor de los agentes de dicho cuerpo policial.

Colomé explica que el equipo legal del Departamento de Policía de Miami-Dade solo ha identificado un aspecto de la ley que los obliga a actuar de manera diferente a como lo hacían anteriormente: el traslado de un indocumentado a Florida desde otro estado, incluso si se trata de un familiar, ahora es considerado un delito grave de segundo grado.

Anteriormente, en casos como este, los agentes debían notificar a las agencias estatales encargadas de la inmigración irregular, añade Colomé.

"La Policía no va a preguntar por tu estatus migratorio si te detiene por un asunto de tráfico, ni tampoco a aquellos que denuncien ser víctimas de un delito", asegura Colomé.

"La ley impactará a la persona que esté cometiendo un delito, no a la persona que esté trabajando, a la persona que se encuentre en su automóvil, ni a amigos o familiares que no tengan papeles y estén contigo", afirma.

Esta ley, catalogada como "antiinmigrante" por sus detractores, ha generado preocupación por su impacto tanto en la comunidad inmigrante como en la economía del estado.

Una de las disposiciones de esta legislación obliga a las empresas con más de 25 empleados a utilizar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de cada uno de sus trabajadores. Aquellas empresas que no cumplan con esta medida se enfrentarán a multas y, en casos extremos, a la pérdida de su licencia. Esta disposición ha generado críticas por considerar que puede llevar a la discriminación y al estigma hacia los trabajadores inmigrantes.

Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deberán preguntar y registrar el estatus migratorio de sus pacientes, determinando si son residentes legales o no. Esta medida ha generado inquietud en la comunidad inmigrante y en defensores de los derechos humanos, quienes consideran que podría desalentar a los inmigrantes, independientemente de su estatus, a buscar atención médica necesaria por temor a represalias o discriminación.