Venezuela ordena a personal de la ONU salir del país
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU lamenta el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, de suspender las actividades del organismo y su petición de que el personal abandone el país en las siguientes 72 horas.
El gobierno de Venezuela anunció la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, otorgando a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país.
La medida fue comunicada a través de un comunicado oficial en el que el gobierno señala que la suspensión se mantendrá "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas". Aunque no se mencionó un incidente específico que provocara esta decisión, la acción coincide con críticas recientes por parte del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri.
Fakhri, quien concluyó una visita al país, expresó preocupación sobre el programa gubernamental de entrega mensual de alimentos a familias de bajos recursos denominado CLAP.
En un comunicado de prensa, el relator especial señaló que, a pesar de tener buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal, el programa se ha vuelto susceptible al clientelismo político y no aborda las causas fundamentales del hambre y la desnutrición en Venezuela, incumpliendo las normas sobre el derecho a la alimentación.
Además, la ONU acusa a las fuerzas de seguridad venezolanas de detener a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, “cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar”.
“El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país. Tanto San Miguel como su hija y otras cuatro personas se encuentran en paradero desconocido”, dijo la Misión.
La presidenta de la Misión de Investigación, Marta Valiñas especificó que el gobierno de Venezuela debía proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, “sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen".
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