Absuelven a dueña del Colegio Rébsamen de un delito y le rebajan sentencia a 29 años

Un tribunal de enjuiciamiento absolvió a Mónica García Villegas, conocida como "Miss Moni", del delito de responsabilidad del propietario del inmueble donde se desarrolla una edificación. Como resultado, su sentencia se redujo a 29 años de prisión por la muerte de 26 personas en el Colegio Enrique Rébsamen durante el sismo de 2017.

La decisión se produjo tras el amparo concedido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, que determinó que dicho delito no le era aplicable debido a que, en la fecha de los hechos, este tipo penal no existía.

En cumplimiento a la resolución del tribunal colegiado, el tribunal local revisó la sentencia y absolvió a García Villegas de ese cargo, dejando firme su condena de 29 años, cinco meses y 22 días de prisión por homicidio culposo.

"En acatamiento a la ejecutoria de amparo, se determina que no se encuentra acreditado el delito de responsabilidad del propietario del inmueble donde se desarrolla la edificación previsto en el numeral 329 bis párrafo segundo del Código Penal para el Distrito Federal", señala el documento emitido por el tribunal.

Noé Franco, abogado que representa a un grupo de familias de las víctimas, confirmó que la sentencia de 29 años queda firme, ya que el delito de homicidio culposo subsiste. "El delito de homicidio ya está firme desde el año pasado, ella ya está compurgando esta pena y por ese delito ya no va a salir", declaró.

Cabe recordar que el sismo del 19 de septiembre de 2017 cobró la vida de 26 personas en el Colegio Enrique Rébsamen, incluidos 19 niños y niñas. Se determinó que la construcción de un cuarto piso en la escuela, que no debió haberse realizado, fue un factor determinante en la tragedia.

Además de la pena de prisión, García Villegas fue condenada a la reparación del daño por concepto de indemnización por causa de muerte y gastos funerarios, con un monto total de 10 millones 530 mil 62 pesos con 40 centavos. También se le impuso la reparación del daño moral, incluyendo los tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud psíquica de las víctimas indirectas.

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