Alto Comisionado de Naciones Unidas reconoce riesgo de periodistas indígenas en México
El caso de la periodista indígena y defensora de derechos humanos Marcela de Jesús Natalia cobró relevancia internacional luego de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconociera los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas en contextos de violencia en México.
Durante su reciente visita al país, Türk sostuvo un encuentro con la comunicadora guerrerense, quien permanece en situación de desplazamiento forzado tras años de agresiones derivadas de su labor informativa en comunidades indígenas de Guerrero.
De acuerdo con registros de Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC), en Guerrero existen al menos tres casos de mujeres periodistas desplazadas por la violencia en los últimos años. La organización ha insistido en que este tipo de reconocimientos internacionales deben traducirse en acciones concretas que garanticen justicia, protección y reparación integral.
En entrevista, Marcela de Jesús Natalia denunció que, a casi nueve años del atentado armado que sufrió en 2017, la investigación continúa sin avances sustanciales. Señaló que apenas en abril de este año pudo rendir su declaración formal y fue hasta este mismo mes cuando tuvo acceso a copias de la carpeta de investigación.
Aunque existe una orden de aprehensión contra el presunto responsable, ésta no ha sido ejecutada por las autoridades, lo que mantiene el caso en la impunidad y prolonga el riesgo para la periodista.
“No es justo que yo tenga que huir para salvaguardar mi vida, porque no están haciendo su trabajo”, expresó al referirse al desempeño de la Fiscalía.
La historia de Marcela también refleja una trayectoria de resistencia. Relató que a los ocho años intentaron obligarla a casarse, pero logró escapar, estudiar y convertirse en locutora comunitaria. En 1998 fue encarcelada durante tres años y en 2017 sobrevivió a un ataque armado. Actualmente, a sus 65 años, vive lejos de su comunidad por ejercer su derecho a informar.
El pasado 4 de marzo sostuvo una reunión con autoridades estatales, entre ellas Anacleta López Vega, Lourdes Cisneros, personal de la CEAV, el fiscal general Zipacná Jesús Torres, así como representantes del Fondo de Apoyo a Periodistas y de Radio y Televisión de Guerrero (RTG).
Sin embargo, en una segunda reunión virtual celebrada el 21 de abril, denunció que no logró recuperar su plaza laboral en RTG y que únicamente le ofrecieron integrarla a una lista temporal de pagos.
“Estoy solicitando la reincorporación a mi plaza y mis horas dentro de la barra de programación de 5:00 a 9:00 a. m., y ahí está atorado mi situación laboral”, afirmó. También acusó nepotismo al señalar que su espacio fue entregado a una familiar de la administradora de la radiodifusora estatal.
Marcela agregó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estatal apenas la reconoció formalmente como víctima durante abril, casi nueve años después del atentado, y que también fue incorporada este mes al Fondo de Apoyo a Periodistas.
“Quiero ver lo que tanto se dice en el gobierno, que tope quien tope... También manifesté que es secreto a voces quién pagó los 50 mil pesos para matarme”, sostuvo.
En menos de una semana, dos periodistas fueron víctimas de asaltos en distintos municipios de Guerrero, situación que encendió alertas en el gremio por la falta de condiciones de seguridad para ejercer la labor informativa.
El caso más reciente ocurrió en Chilpancingo, donde el jefe de Información del diario Vértice, Pablo Israel Vázquez Sosa, denunció haber sido asaltado durante la madrugada de este martes al salir de su centro de trabajo.
Según su testimonio, fue interceptado por dos jóvenes sobre la calle Francisco I. Madero, en el centro de la capital, quienes lo despojaron de su cartera. Además, señaló que tras el robo no encontró presencia policiaca en la zona, la cual también presenta escaso alumbrado público.
El otro caso ocurrió el pasado 23 de abril en Atoyac de Álvarez, donde el corresponsal del periódico El Sur y de RTG, Francisco Magaña de Jesús, fue asaltado con violencia al regresar de una cobertura.
De acuerdo con el reporte, un hombre armado con una navaja lo interceptó sobre la calle 5 de Mayo, a la altura del estacionamiento conocido como El Champurro. Durante el ataque le robó su teléfono celular y dinero en efectivo, además de causarle heridas en mano, muñeca y pierna cuando intentó defenderse.
El comunicador fue auxiliado por elementos de seguridad y trasladado al hospital IMSS-Bienestar “Dr. Juventino Rodríguez García”, donde recibió atención médica. Posteriormente presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Tras ambos hechos, periodistas guerrerenses manifestaron preocupación por la inseguridad que prevalece en distintas ciudades del estado y exigieron garantías para el ejercicio periodístico.
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