Aumenta 40% población penitenciaria en México; cárceles superan su capacidad en 45 mil reos
La población penitenciaria en México aumentó 39.8% entre diciembre de 2018 y septiembre de 2026, al alcanzar un récord de 276 mil 873 personas privadas de la libertad, cifra que supera en 45 mil 99 internos la capacidad instalada de los centros penitenciarios del país.
De acuerdo con las estadísticas más recientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), al 30 de septiembre pasado las 275 cárceles que operan en México contaban con una capacidad conjunta para 231 mil 774 personas, lo que representa una sobrepoblación de 19.46%.
El incremento de la población carcelaria está relacionado, entre otros factores, con el aumento de las detenciones y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, medida que impide a las personas acusadas de determinadas conductas enfrentar su proceso en libertad.
La saturación, sin embargo, no se presenta de manera uniforme. El Estado de México concentra el mayor excedente de internos, con 21 mil 553 personas por encima de su capacidad, seguido de Sonora, con 8 mil 626; Veracruz, con 4 mil 448; Chiapas, con 3 mil 323; San Luis Potosí, con 3 mil 196, y Nayarit, con 3 mil 16. Estas seis entidades acumulan el 97.9% de la sobrepoblación nacional.
En términos porcentuales, Nayarit registra la situación más crítica, con una ocupación 257.1% superior a su capacidad, seguido del Estado de México, con 125.2%; Morelos, con 115.3; Sonora, con 107.9, y Quintana Roo, con 102.8%.
Entre los centros penitenciarios con mayores niveles de saturación destaca el CPRS Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, en el Estado de México, que tiene capacidad para 2 mil 93 personas, pero alberga a 6 mil 239, lo que representa un excedente de 4 mil 146 internos.
También en territorio mexiquense, el CPRS Ecatepec registra 6 mil 279 personas recluidas para una capacidad de 2 mil 136, mientras que el CPRS Tlalnepantla tiene 5 mil 928 internos para 2 mil 252 espacios.
En Sonora, el CRS Hermosillo alberga a 6 mil 311 personas, pese a que cuenta con capacidad para 2 mil 393. Por su parte, el CPRS Chalco, en el Estado de México, tiene 3 mil 817 internos para apenas 774 lugares, una sobrepoblación de 393.15%.
Uno de los casos más extremos se encuentra en el CRS Número 7 Huixtla, en Chiapas, donde permanecen 290 personas en instalaciones diseñadas para 40, lo que equivale a una ocupación 625% superior a su capacidad.
Ante este panorama, el pasado 13 de octubre la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el crecimiento de la población penitenciaria y anunció la construcción de seis nuevos penales estatales, que en conjunto tendrán capacidad para albergar a 18 mil 480 personas.
Los centros penitenciarios estarán ubicados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Durante su conferencia matutina, la mandataria atribuyó parte del incremento a las 70 mil detenciones realizadas durante su administración, cuyos responsables fueron enviados a distintos centros de reclusión del país.
El crecimiento contrasta con la tendencia registrada durante los años anteriores. En diciembre de 2014, las cárceles mexicanas albergaban a 255 mil 638 personas; sin embargo, para diciembre de 2018 la cifra había disminuido a 197 mil 988, una reducción de 22.5 por ciento.
La disminución estuvo relacionada con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que entró plenamente en vigor en 2014 y que recuperó la presunción de inocencia como uno de sus principios fundamentales, además de establecer restricciones a la aplicación automática de la prisión preventiva.
No obstante, el catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se amplió progresivamente. A los supuestos originales, que incluían delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y determinados delitos graves, se incorporaron en 2011 la trata de personas y, en 2019, conductas como feminicidio, abuso sexual contra menores, robo a casa habitación, corrupción, robo al transporte de carga, delitos relacionados con hidrocarburos y desaparición forzada, entre otros.
En 2024 se agregaron nuevos supuestos, entre ellos extorsión, actividades relacionadas con precursores químicos y drogas sintéticas, delitos vinculados con el fentanilo, contrabando y operaciones con comprobantes fiscales falsos.
Con estas modificaciones, el catálogo suma al menos 30 conductas delictivas por las que una persona acusada debe enfrentar su proceso en prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con las cifras penitenciarias, de las 276 mil 873 personas privadas de la libertad registradas al cierre de septiembre, 105 mil 837 se encontraban sujetas a proceso, es decir, el 40.6% del total.
La ampliación de esta medida cautelar también ha generado cuestionamientos de organismos internacionales. En noviembre de 2022 y enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó a México por violaciones a derechos fundamentales en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y García Rodríguez y otro vs. México.
En ambas resoluciones, el tribunal señaló que la prisión preventiva automática vulnera derechos como la libertad personal, la presunción de inocencia, el control judicial de las detenciones y la igualdad ante la ley. Además, ordenó al Estado mexicano adecuar su legislación, incluida la Constitución, para eliminar el carácter obligatorio de esta medida cautelar.
Pese a estos fallos y a los llamados de organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, las iniciativas para ampliar los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa continúan, en medio de un debate sobre la contradicción entre el marco constitucional mexicano y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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