CEDH de Baja California Sur investiga posibles omisiones de autoridades tras atropellamiento masivo en Los Cabos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) comenzó una investigación de oficio para saber si hubo acciones u omisiones por parte de las autoridades de seguridad pública y protección civil durante el atropellamiento masivo ocurrido el pasado 24 de junio en Cabo San Lucas, donde 17 personas resultaron lesionadas y posteriormente falleció una de las víctimas.

El organismo informó que la indagatoria busca esclarecer si las corporaciones encargadas de garantizar la seguridad actuaron conforme a sus atribuciones durante los festejos realizados tras un encuentro entre las selecciones de México y República Checa, o si existieron deficiencias en la planeación y ejecución de los operativos preventivos.

La presidenta de la CEDHBCS, Charlene Ramos Hernández, señaló que la apertura de la queja de oficio tiene como objetivo garantizar una investigación autónoma, imparcial e integral.

"He instruido la apertura de la queja de oficio precisamente para garantizar investigaciones imparciales y autónomas [...] para verificar las acciones u omisiones de las autoridades responsables de velar por la seguridad pública y la protección civil", expresó la titular del organismo, quien además manifestó su solidaridad con las personas afectadas e hizo un llamado a privilegiar la prudencia y la convivencia pacífica.

Los hechos ocurrieron durante las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana de fútbol, cuando un vehículo embistió a decenas de personas reunidas en el centro de Cabo San Lucas. Tras el incidente, el conductor fue agredido por un grupo de asistentes y murió días después a consecuencia de las lesiones sufridas.

A raíz de estos acontecimientos, el abogado Óscar Jesús Manríquez Palacios, integrante de la Academia Mexicana de Abogacía y Ciencias Jurídicas (ACAMEX), sostuvo que existen elementos para analizar una posible responsabilidad de las autoridades municipales por una presunta falta de planeación y vigilancia.

El especialista señaló que testimonios y videos difundidos tras el incidente muestran la aparente ausencia de patrullas y elementos de seguridad en una de las zonas con mayor concentración de personas del municipio, considerada además uno de los principales polos turísticos y económicos de Los Cabos.

Manríquez Palacios explicó que, si se acredita una prestación deficiente del servicio de seguridad pública, las personas afectadas podrían reclamar una indemnización al Ayuntamiento de Los Cabos con base en el principio de responsabilidad patrimonial del Estado, sin necesidad de demostrar dolo o mala fe por parte de los servidores públicos.

Asimismo, indicó que, tras el fallecimiento del conductor, la Procuraduría General de Justicia del Estado podría reclasificar la investigación penal contra quienes participaron en la agresión, de acuerdo con la evolución de los hechos y las pruebas que integren la carpeta de investigación.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California Sur, una eventual acreditación de omisiones en los operativos de seguridad podría generar diversas responsabilidades para el Ayuntamiento de Los Cabos.

La legislación establece la responsabilidad objetiva y directa de la autoridad cuando exista un funcionamiento irregular del servicio público, por lo que las víctimas únicamente deben acreditar dicha deficiencia para reclamar una reparación integral del daño.

Además, corresponde al Ayuntamiento demostrar que implementó los protocolos y operativos de seguridad adecuados cuando el daño derive de una presunta omisión administrativa.

La norma también contempla que las indemnizaciones pueden incluir daño emergente, lucro cesante y daño moral. En casos de lesiones o fallecimiento, los montos se calculan conforme a la Ley Federal del Trabajo e incluyen conceptos como gastos médicos y salarios dejados de percibir durante el periodo de incapacidad.

Asimismo, el municipio debe contar con una partida presupuestal específica para hacer frente a este tipo de responsabilidades patrimoniales, mientras que las personas afectadas disponen, en términos generales, de un año para presentar sus reclamaciones, plazo que en el caso de los lesionados comienza a correr una vez que reciben el alta médica o se determina el alcance definitivo de las secuelas.

La investigación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos buscará establecer si existieron deficiencias institucionales que contribuyeron al desarrollo de los hechos y, en su caso, emitir las recomendaciones correspondientes. 

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