Cinco dependencias rechazan informar sobre créditos otorgados por AMLO durante la pandemia

Cinco dependencias del gobierno federal se deslindaron de proporcionar información sobre los créditos otorgados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador mediante los programas “Tandas para el Bienestar” y “Créditos a la Palabra”, implementados para apoyar a pequeños negocios y micronegocios, particularmente durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con una investigación de Latinus, las secretarías de Economía, Bienestar y Hacienda, así como el Banco del Bienestar y Financiera para el Bienestar, fueron consultados mediante solicitudes de transparencia sobre el número de beneficiarios, el monto total de los préstamos, la cantidad de deudores y los recursos que permanecen sin recuperar.

Sin embargo, las cinco instituciones respondieron que carecían de competencia para proporcionar los datos, no contaban con la información solicitada o sugirieron consultar a otras dependencias que ya habían sido requeridas sin ofrecer respuestas concluyentes.

En 2019, el gobierno de López Obrador puso en marcha el programa “Tandas para el Bienestar”, dirigido a pequeños negocios ubicados en zonas de alta marginación. El esquema contemplaba la entrega de hasta tres créditos individuales por 6 mil, 10 mil y 15 mil pesos.

Un año después, en 2020, con el inicio de la pandemia de COVID-19 y las restricciones a las actividades económicas, se implementó el programa “Créditos a la Palabra”, que otorgaba préstamos individuales de 25 mil pesos a micronegocios afectados por la emergencia sanitaria.

Ambos esquemas apostaban por facilitar el acceso al financiamiento y confiar en que los beneficiarios devolverían los recursos recibidos, con mecanismos de recuperación que buscaban simplificar los trámites.

No obstante, la operación de los créditos estuvo marcada por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la revisión de la Cuenta Pública 2020, el órgano fiscalizador encontró inconsistencias en el programa “Créditos a la Palabra”, entre ellas casos de personas que recibieron el apoyo en dos ocasiones, por un total de hasta 50 mil pesos, así como beneficiarios que no contaban con micronegocios. También se detectaron entregas de recursos a personas fallecidas y menores de edad.

Según información pública del propio gobierno federal citada por Latinus, entre 2019 y 2024 se destinaron 46 mil 268 millones de pesos a los programas “Tandas para el Bienestar” y “Créditos a la Palabra”.

Pese a la magnitud de los recursos involucrados, las respuestas a las solicitudes de transparencia no permitieron establecer el monto total de los préstamos concedidos ni cuánto dinero permanece pendiente de recuperación.

En sus respuestas, las instituciones señalaron distintas razones para no entregar la información. Algunas afirmaron no tener atribuciones para atender las solicitudes, mientras que otras indicaron que los datos debían estar bajo resguardo de diferentes organismos federales.

La Secretaría de Hacienda explicó que, en octubre de 2022, se publicó el decreto que transformó Telecomunicaciones de México (Telecomm) en Financiera para el Bienestar.

De acuerdo con la dependencia, el decreto estableció disposiciones para transferir a Financiera para el Bienestar la operación de “Tandas para el Bienestar” y el fideicomiso Microcréditos para el Bienestar, entonces bajo responsabilidad de la Secretaría de Bienestar.

Asimismo, una disposición transitoria determinó que la Secretaría de Economía debía proporcionar a Financiera para el Bienestar las bases de datos del padrón de beneficiarios y el seguimiento de la recuperación de los “Créditos a la Palabra” entregados entre 2020 y 2021.

Sin embargo, la Unidad de Transparencia de Financiera para el Bienestar respondió que la solicitud únicamente había sido turnada a la Dirección de Planeación e Inclusión Financiera.

Esa área informó que no localizó registros y que no le correspondía resguardar los datos históricos relacionados con deudores, saldos y movimientos de cartera vencida, entre otros conceptos.

Las respuestas dejaron sin aclarar quién conserva actualmente los registros completos de los préstamos y cuál es el estado de recuperación de los recursos públicos entregados durante ambos programas.

La falta de información impide conocer, a partir de las respuestas proporcionadas, cuántos créditos fueron liquidados, cuántos permanecen pendientes de pago y cuál es el saldo de la cartera vencida de estos esquemas de financiamiento impulsados durante el sexenio de López Obrador.

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