Comisión de Disciplina Judicial inhabilita a juez por darle un amparo a Cabeza de Vaca
La Comisión de Disciplina Judicial informó la inhabilitación por un año del juez federal Fernando Alvarado, tras acreditarse irregularidades graves en el ejercicio de su función jurisdiccional, entre ellas la concesión de un amparo en 2024 al exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca para poder acceder a una diputación plurinominal, pese a contar con dos órdenes de aprehensión.
En un comunicado, el órgano —de reciente creación— detalló que la sanción implica la inhabilitación por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, al comprobarse faltas graves en el desempeño judicial.
El caso se originó a partir de una queja presentada por el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna cuando fungía como representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral. En ese momento, el recurso fue turnado al Consejo de la Judicatura Federal, pero no prosperó.
La nueva resolución fue difundida por el propio legislador en sus redes sociales. "El anterior Consejo de la Judicatura, encabezado por Norma Piña, no se atrevió a sancionarlo. Hoy, el nuevo Tribunal de Disciplina demuestra que sí hay voluntad para actuar con firmeza frente a la corrupción", afirmó.
En una minuta compartida por la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna sostuvo que el juez fue "cómplice" del exgobernador y que existían elementos suficientes para suspenderlo, al señalar la existencia de una presunta red de protección que permitió su impunidad.
De acuerdo con la Comisión, se detectaron tres amparos emitidos de manera irregular que evidenciaron un patrón sistemático de actuaciones contrarias a la norma. Además del caso relacionado con García Cabeza de Vaca, se documentaron otros dos expedientes.
En uno de ellos, el juez ordenó a una autoridad local del norte del país expedir una constancia de residencia sin corroboración, lo que permitió al solicitante acceder a servicios de salud pública. En otro caso, concedió una suspensión para evitar la remoción de un funcionario como fiscal especializado en Combate a la Corrupción en una entidad federativa, así como frenar cualquier procedimiento administrativo en su contra.
Respecto al tercer juicio de amparo —relacionado con el exmandatario tamaulipeco—, el juzgador concedió la suspensión contra una orden de aprehensión, con el efecto de que no le fueran suspendidos sus derechos político-electorales ni se le considerara prófugo de la justicia, lo que tuvo implicaciones en procedimientos vinculados con la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El comunicado subraya que las actuaciones del juez constituyeron "errores inexcusables en franco desacato a las normas" que regían su función y que dichas desviaciones impactaron decisiones jurisdiccionales en otros procesos.
El magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, sostuvo que las conductas acreditadas no pueden considerarse simples discrepancias jurídicas ni equivocaciones menores.
"Estas conductas no pueden entenderse como diferencias interpretativas, ni como equivocaciones menores, sino como infracciones que lesionan directamente la confianza pública en el Poder Judicial y exigen consecuencias claras y proporcionales", afirmó.
Añadió que la legalidad es el límite de la función jurisdiccional y reiteró que no habrá espacio para la impunidad ni privilegios de jerarquía cuando se transgreda la ley.
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