Comisión Permanente recibe iniciativa de Sheinbaum para combatir la extorsión a nivel nacional

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña, informó que fue recibida la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de combatir de forma efectiva el delito de extorsión en todo el país.

La propuesta busca modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar sobre extorsión de manera homogénea, incluyendo este delito en el catálogo de materias en las que se pueden emitir leyes generales, tal como ya ocurre con el secuestro, la desaparición forzada, la tortura o la trata de personas.

Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que la reforma permitiría perseguir de oficio la extorsión, sin necesidad de que haya una denuncia formal previa por parte de las víctimas, muchas de las cuales actualmente temen represalias si acuden a las autoridades.

"El objetivo es establecer una legislación nacional que contemple los tipos penales y sanciones mínimas para delitos de alto impacto, incluyendo la extorsión, que se ha convertido en uno de los crímenes más comunes y temidos en distintas regiones del país", puntualizó Godoy.

El dictamen señala que las leyes generales deberán establecer, al menos, los elementos básicos de los delitos y sus respectivas sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada, extorsión, trata de personas, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como delitos electorales.

Fernández Noroña precisó que, si bien se trata de un tema prioritario en materia de seguridad, la discusión de la iniciativa será hasta septiembre, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, ya que no se prevé la realización de un periodo extraordinario durante el receso legislativo.

"La iniciativa enviada por la Presidencia tiene un carácter fundamental. Se trata de dar herramientas al Congreso para legislar de manera uniforme un delito que afecta gravemente a la población. Primero deberá discutirse en la Cámara de Diputados y después en el Senado", señaló.

La propuesta responde al crecimiento sostenido de la extorsión como uno de los delitos más recurrentes en el país, particularmente en sectores como el comercio, transporte, construcción y pequeñas empresas, donde los grupos delictivos imponen cobros ilegales bajo amenaza.

Organizaciones civiles han reconocido la urgencia de una legislación unificada que permita perseguir el delito con criterios comunes, pero advierten que su implementación deberá ir acompañada de recursos, capacitación y controles estrictos para evitar abusos de autoridad.

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