Comisiones del Senado aprueban nuevos parámetros del SNSP

Sin realizar modificaciones sustantivas al texto original, las comisiones unidas del Senado respaldaron los nuevos parámetros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que por primera vez faculta al Secretariado Ejecutivo y al Consejo Nacional para suspender o cancelar las aportaciones federales a estados y municipios que incumplan con sus responsabilidades en materia de seguridad o desvíen los recursos destinados a ella.

De acuerdo con la reforma al artículo 118 de la Ley General del SNSP, cuando, como resultado de visitas de verificación o de gabinete, se detecte un incumplimiento, el Secretariado Ejecutivo "podrá decretar la suspensión de las ministraciones subsecuentes, y deberá dar vista a la Auditoría Superior de la Federación sobre cualquier irregularidad detectada". Esa suspensión permanecerá vigente hasta que la instancia afectada aclare o subsane la acción u omisión dentro del plazo que determine el propio Secretariado. De no corregirse el incumplimiento, el caso se elevará al Consejo Nacional, que podrá cancelar definitivamente las ministraciones, siempre "previa garantía del derecho de audiencia" y con resoluciones "fundadas y motivadas".

El artículo 18, por su parte, otorga al Consejo Nacional la facultad de "resolver, previa garantía de audiencia, sobre la cancelación de las aportaciones a las entidades federativas y a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los acuerdos generales del Consejo Nacional, los del Secretariado Ejecutivo o los convenios celebrados". Asimismo, podrá ordenar la restitución de los fondos no ejercidos a la Tesorería de la Federación, "contemplando los rendimientos financieros efectivamente generados".

Los senadores priistas Claudia Anaya y Miguel Riquelme —este último exgobernador de Coahuila— fueron los únicos en oponerse. Riquelme advirtió que, "con estos cambios normativos que la mayoría impone, están construyendo una dictadura perfecta disfrazada de modernización, donde la vigilancia masiva y la militarización serán los instrumentos para silenciar a la disidencia y aplastar la esperanza". Anaya, por su parte, cuestionó el impacto sobre las policías locales: "¿Estamos conscientes de que estamos debilitando cada vez más las estructuras municipales y estatales, que son las estructuras policiales de carácter civil para atender como primer respondiente, como policías de proximidad, encargados de la protección ciudadana?"

En contrapunto, el senador morenista Manuel Huerta rechazó los señalamientos de un "Estado espía": "Deben entender que lo que va a acabar es el Estado espía y lo que nace es el Estado protector". Su compañera de bancada, Martha Lucía Micher, añadió que la autodenominada Cuarta Transformación "no utiliza el aparato del Estado para perseguir opositores ni intimidar a la sociedad civil y a periodistas, como sí lo hicieron el PAN y el PRI". A quienes temen un monitoreo exhaustivo de la ciudadanía, Micher les recordó con sorna: "Para eso está Facebook. Todo mundo lo tiene; ¿de qué se burlan, de qué se asombran?"

Además de las nuevas sanciones financieras, el SNSP refuerza su entramado de investigación e inteligencia. Incorpora al Centro Nacional de Inteligencia, la Plataforma Central de Inteligencia y grupos especiales de investigación con acceso a bases de datos que incluyen desde compras y placas vehiculares hasta registros médicos y educativos. Incluso podrán solicitar la geolocalización de personas cuando investiguen delitos, bajo los criterios y salvaguardas que establezca la ley.

Con este paquete normativo, el gobierno federal, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, busca cerrar el paso al desvío de recursos y dotar a las instituciones de un marco más sólido de supervisión y ciberseguridad. Sin embargo, queda por verse cómo se aplicarán las nuevas facultades y si, en la práctica, podrán obligar a gobernadores y presidentes municipales a mejorar los resultados en materia de seguridad pública.

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