Dictan prisión preventiva a Ángel Aguirre por presuntamente eliminar evidencia del caso Ayotzinapa
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Durante la audiencia inicial celebrada este viernes, la defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia en la que se determinará si es vinculado a proceso quedó programada para el próximo martes 12 de agosto a las 10:00 horas.
Mientras se desarrolla el proceso, Aguirre Rivero permanecerá internado en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde fue recluido luego de ser detenido.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el exgobernador habría ordenado durante una reunión con funcionarios de alto nivel de su administración eliminar evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó este viernes que aquella noche el autobús Estrella de Oro número 1531 fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15, ubicadas en el exterior del recinto del Poder Judicial local, mientras los estudiantes eran detenidos por policías municipales y estatales.
Durante las primeras investigaciones del caso se sostuvo que las grabaciones no existían debido a supuestas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia. Sin embargo, diligencias posteriores establecieron que dicha versión era falsa y que los videos sí habían sido generados.
Casi 12 años después de la desaparición de los normalistas, un colaborador declaró ante la FGR que las videograbaciones existían, fueron sustraídas y posteriormente entregadas a Ángel Aguirre.
Según el testimonio, el exmandatario estatal habría amenazado al colaborador para impedir que revelara la existencia de las imágenes, situación que habría retrasado su comparecencia ante las autoridades.
La acusación también se sustenta en el testimonio de un testigo protegido, quien declaró en mayo de este año que Aguirre Rivero sostuvo una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno en la que habría ordenado directamente “desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
La presunta eliminación de las grabaciones constituye uno de los elementos centrales de la investigación de la FGR para imputar al exgobernador por delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
Los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, después de una serie de hechos violentos registrados en Iguala y sus alrededores.
En octubre de 2014, aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes, Ángel Aguirre solicitó licencia para separarse de la gubernatura de Guerrero, en medio de una fuerte presión política y social que exigía su renuncia por el manejo de la crisis derivada del caso Ayotzinapa.
Ahora, casi 12 años después de los hechos, el exmandatario enfrenta un proceso penal en el que la Fiscalía sostiene que tuvo participación en la eliminación de evidencia considerada relevante para esclarecer lo ocurrido aquella noche.
La situación jurídica de Aguirre Rivero se definirá el próximo martes 12 de agosto, cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Mientras tanto, el exgobernador permanecerá en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa.
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