Embajada de EE. UU. revela el modus operandi del "huachicol fiscal" entre México y Texas
La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una campaña informativa para alertar sobre el fenómeno del llamado "huachicol fiscal", una sofisticada red de contrabando de hidrocarburos que va más allá del tradicional robo de combustibles en ductos y que afecta gravemente a las economías y sistemas de seguridad de México y Estados Unidos.
De acuerdo con la representación diplomática, esta modalidad consiste en la importación y comercialización ilegal de combustibles, evadiendo impuestos a través de una compleja red de corrupción que involucra al crimen organizado, empresas fachada, y mecanismos de fraude aduanal y lavado de dinero.
A diferencia del huachicol convencional —centrado en la extracción ilegal de gasolina en territorio mexicano— el huachicol fiscal opera a escala internacional y se ha convertido en una industria multimillonaria para los grupos criminales.
La Embajada de EE. UU. explicó que esta práctica delictiva ocurre en cinco etapas:
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Robo y traslado. El combustible es extraído de forma ilegal en México y transportado hacia Texas mediante ductos clandestinos o camiones irregulares.
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Lavado. A través de intermediarios legales, el producto es "blanqueado" y comercializado a refinerías estadounidenses.
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Refinado y exportación. El hidrocarburo refinado se regresa a México, muchas veces mal etiquetado o camuflado como otro tipo de carga.
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Fraude aduanal. Se utilizan documentación falsa y empresas fachada para introducirlo al país sin pagar los debidos aranceles.
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Venta al público. Finalmente, el combustible llega a gasolineras mexicanas, donde es vendido como legítimo, sin que los consumidores conozcan su origen ilícito.
La Embajada advirtió que este proceso no solamente evade impuestos, sino que también pone en riesgo la seguridad energética, afecta la competencia formal en el mercado y financia redes de violencia y corrupción. "Detrás de cada litro ilegal hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada", alertó la representación estadounidense.
Ante la magnitud del problema, los gobiernos de México y Estados Unidos han comenzado a reforzar su coordinación con medidas como:
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Operativos conjuntos en puertos y aduanas.
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Sanciones a empresas, bancos e intermediarios involucrados.
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Implementación de nuevos sistemas de trazabilidad para rastrear el origen de los combustibles.
La Embajada subrayó que se trata de un desafío binacional que requiere tanto acción institucional como conciencia ciudadana, ya que muchos consumidores contribuyen de forma involuntaria a esta red criminal al comprar combustible sin saber su procedencia.
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