FGR realiza primera diligencia en el INE por presunta corrupción en contratos vinculados a Guadalupe Taddei

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó las primeras diligencias en instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de las investigaciones por las presuntas irregularidades y actos de corrupción relacionados con contratos durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Las actuaciones se concentraron en la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), ubicada en la Torre Zafiro, sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines 4124, en una sede alterna a las oficinas centrales del organismo electoral.

Consejerías del INE confirmaron a Milenio que la encargada de despacho de esa dirección, Liliana Díaz León Zapata, no informó con suficiente anticipación sobre la visita de los agentes ministeriales. Según las fuentes consultadas, el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Roberto Félix, fue quien tuvo conocimiento de las diligencias poco antes de que se llevaran a cabo.

“Entendemos que al cuarto para la hora, quien supo fue el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, pero no hay más información que se nos haya compartido, estamos pidiendo un informe”, señalaron las consejerías.

La visita ocurrió al mediodía de este miércoles, luego de que un día antes la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, y otras consejerías informaran en conferencia de prensa que ni el Órgano Interno de Control, ni la Auditoría Superior de la Federación ni la FGR les habían notificado requerimientos o visitas relacionadas con las denuncias, por lo que estaban a la espera de avances en las investigaciones.

De acuerdo con la información disponible, el personal ministerial ingresó al menos a dos pisos de la Torre Zafiro para revisar las áreas de la Subdirección de Adquisiciones y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.

Esta última dependencia estuvo a cargo hasta hace aproximadamente tres semanas de Mario Alfonso Burciaga Esparza, uno de los primeros funcionarios cuya renuncia solicitaron las consejerías por su presunta participación en los señalamientos de corrupción dentro del instituto.

Burciaga Esparza aparece en videos brindando con el proveedor Alfredo Hernández Casillas y enviando agradecimientos a Guadalupe Taddei por su supuesto apoyo en el proyecto de producción de credenciales para votar. Posteriormente, también se difundió una grabación en la que la entonces presidenta del INE y Hernández Casillas presuntamente hacían cuentas sobre las ganancias que obtendrían por dicho contrato.

Tras su salida, Burciaga Esparza debía realizar el procedimiento legal de entrega-recepción ante el Órgano Interno de Control, con el propósito de evitar cualquier manipulación de información. Sin embargo, hasta ahora se desconoce qué documentación o elementos adicionales buscó la FGR durante las diligencias.

Ante estos hechos, las consejerías solicitaron información para conocer el procedimiento que siguieron los agentes ministeriales y determinar si existen requerimientos adicionales para el organismo electoral.

La Dirección Ejecutiva de Administración es una de las áreas estratégicas del INE, pues se encarga de gestionar los recursos financieros y materiales, administrar al personal y coordinar los servicios, la infraestructura, los bienes y la seguridad del instituto.

Desde la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, en 2023, seis personas han pasado por esa dirección, en medio de cambios y nombramientos cuestionados por las consejerías.

Inicialmente, Ignacio Ruelas fue designado por el Consejo General como encargado de despacho, pero permaneció apenas tres meses en el puesto antes de renunciar por motivos de salud.

Posteriormente, Taddei designó a Claudia Edith Suárez Ojeda, quien había trabajado en el gobierno federal y ocupó el encargo de agosto de 2023 a enero de 2024. Después fue ascendida como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, sin el aval del Consejo General.

En su lugar llegó Amaranta Arroyo, quien había sido asesora de Taddei cuando esta encabezaba el organismo electoral de Sonora. Permaneció casi dos años en la DEA, hasta que en septiembre de 2025 fue sustituida por Jesús Octavio García.

Este último fue identificado como apoderado legal de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, vinculadas con Alfredo Hernández Casillas. De acuerdo con información difundida por Milenio, su llegada a la dirección habría ocurrido por instrucciones del propio proveedor.

Además, el medio reveló que García figura en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que sus cuentas bancarias fueron inmovilizadas. La dependencia también presentó una denuncia penal por posibles delitos relacionados con el caso.

El 30 de abril, Guadalupe Taddei anunció la remoción de García, quien también había estado envuelto en la polémica por intentar convertirse en consejero electoral sin haber alcanzado la última etapa del proceso de selección.

En su lugar, la entonces presidenta del INE anunció la designación directa de Eduardo Meza Rincón, quien se desempeñaba en la Subdirección de Procedimientos de Remoción de Consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales. El nombramiento tendría efectos a partir del 16 de mayo, con un periodo previo para concretar la salida de García.

Sin embargo, tras las denuncias relacionadas con el incumplimiento del principio de paridad, Meza Rincón no llegó al cargo y fue sustituido por Liliana Díaz León Zapata, quien quedó como encargada de despacho de la DEA.

Su nombramiento también generó cuestionamientos entre las consejerías, pues se señaló que inicialmente no figuraba entre los planes de Taddei y que habría sido colocada para cumplir con los criterios de paridad. Hasta ahora, tampoco se ha esclarecido si su designación tuvo alguna relación con las recomendaciones de Hernández Casillas.

Díaz León Zapata acompañó a Guadalupe Taddei el pasado 21 de octubre durante la última conferencia de prensa que ofreció antes de anunciar su renuncia al cargo. En ese encuentro se presentó una plataforma de transparencia con la que se buscaba demostrar que no existían irregularidades en los contratos ni en los vínculos del personal cercano con proveedores.

Ahora, la actual encargada de despacho de la DEA se encuentra bajo el escrutinio de las consejerías, que prevén solicitarle un informe para esclarecer cómo se desarrollaron las diligencias de la FGR, cuándo tuvo conocimiento de ellas y en qué momento notificó a sus superiores.

Las actuaciones ministeriales representan el primer ingreso confirmado de la Fiscalía a las instalaciones del INE en el marco de las investigaciones por la presunta trama de contratos y los posibles vínculos entre funcionarios electorales y proveedores.

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