FGR va por segunda ocasión contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por caso del “Cártel de la Sangre”
La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció, por segunda ocasión, acción penal contra 10 exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por su presunta participación en la contratación irregular de servicios de laboratorio por más de 3 mil 675 millones de pesos con empresas señaladas como parte del denominado “Cártel de la Sangre”.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, programar una audiencia inicial para formular imputación y solicitar la vinculación a proceso de los exservidores públicos por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Esta es la segunda ocasión en que la FGR busca llevar el caso ante un juez, luego de que en julio pasado el juez de control Marco Antonio González Cortázar determinara no vincular a proceso a los señalados, al considerar que la imputación presentada por la Fiscalía contenía omisiones y deficiencias.
No obstante, el juzgador rechazó sobreseer el caso o cancelar la investigación, por lo que dejó abierta la posibilidad de que la FGR agotara otras líneas de investigación y volviera a judicializarlo.
Ante esa resolución, la Fiscalía decidió no apelar y optó por complementar la indagatoria para presentar nuevamente el caso ante la autoridad judicial.
La acusación está relacionada con seis contratos para proporcionar servicios de análisis clínicos en hospitales y unidades médicas del ISSSTE, cuyo monto osciló entre mil 470 millones y 3 mil 675 millones de pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los contratos estuvieron vigentes de julio de 2018 a junio de 2020 y beneficiaron a empresas como Instrumentos y Equipos Falcón, Impromed, Dicipa, Hemoser, Centrum Promotora Internacional, Selecciones Médicas del Centro y Valtrum.
De acuerdo con la FGR, los contratos fueron asignados de manera directa el 29 de junio de 2018, con base en un estudio de mercado que únicamente consideró información proporcionada por las propias compañías participantes, sin incorporar cotizaciones de otras fuentes.
La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios habrían utilizado de manera ilícita sus atribuciones para concretar las contrataciones, por lo que busca que un juez determine si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.
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